Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La escuela de los jueces

“Un magistrado tiene mucho poder, pero correctamente utilizado puede hacer mucho bien a la sociedad”, cuenta una alumna de la Escuela de Barcelona

Escuela judicial de Barcelona. Ampliar foto
Escuela judicial de Barcelona.

De vez en cuando, Isabel Tomás García lleva a sus alumnos/jueces hasta la balconada de la escuela y les alerta: “Mirad ahí abajo, ahí está la sociedad que os paga el sueldo y a la que debéis servir”. Abajo, se divisa una espectacular imagen de la ciudad condal: miles de bloques y rascacielos que miran al mar; y que hacen intuir bullicio y conflictos que luego terminan en los juzgados. Isabel es profesora (también magistrada) de la Escuela Judicial de Barcelona, la única que hay en España, la que desde hace 17 años forma a los jueces españoles. Más de la mitad de los jueces hoy en activo, unos 5.000, han desfilado por esta escuela (uno de los pocos centros estatales residenciados en Barcelona: está custodiada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Isabel es la juez que, en 1995, abrió un proceso por malversación de caudales públicos contra Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, Rociíto, hija de la fallecida cantante Rocío Jurado. Era Guardia Civil y, según la sentencia, se quedó con 50.000 pesetas de una multa de tráfico que impuso a un conductor francés (entonces, a los extranjeros, se les cobraban las multas en el acto). El automovilista, de nacionalidad francesa, logró probar que Flores y un colega suyo no dieron cuenta del dinero de su multa y se la quedaron. Fue condenado a seis meses de cárcel. Isabel recuerda (ha pasado el tiempo y ahora lo puede decir) que aquel automovilista no era ningún indocumentado: su perseverancia facilitó mucho la investigación.

Cuando Isabel lleva a sus alumnos a la balconada, lo que trata de imbuirles es que deben huir del endiosamiento y nunca perder de vista la procedencia de su poder: el pueblo. Y que la receta de su actuación debe ser la transparencia. Rafael Bustos, otro de los profesores de la escuela, catedrático de Derecho Constitucional, emplea un ejemplo que oyó en la radio para explicar la importancia de la transparencia judicial en un sistema democrático. Lo cuenta así, basándose en una entrevista que le hicieron a Jorge Valdano [ex entrenador del Real Madrid y exjugador de la selección Argentina]: “Una hipotética final de la Copa del Mundo de Fútbol entre Brasil y Argentina. Último minuto y empate a cero. Y le preguntan el locutor a Valdano si le gustaría que Argentina ganase in extremis con un gol ilegal hecho con la mano. Pero eso sí, a la vista de los miles de espectadores. “Hombre, así no” —respondió Valdano. “Pero y si se pudiese meter ese gol con el campo vacío, sin que nadie lo viera. “Hombre, en ese caso, sí”. “Esa es la democracia”, resume el profesor Bustos. La opacidad produce males.

Por la Escuela Judicial de Barcelona, que dirige la magistrada Gema Espinosa, han pasado las hornadas de jueces de los últimos 17 años. Fue inaugurada en 1997. Ha tenido promociones de hasta 297 jueces/alumnos (la 2001/2003). Este año, la tijera del Ministerio de Justicia ha reducido a 35 la cifra de plazas a cubrir (frente a los 204 de la anterior promoción). Acceder al edificio acristalado que se levanta sobre una ladera de la sierra de la Collserola (cerca del Tibidabo), no es fácil. Hay que franquear una durísima oposición. Tras finalizar Derecho, los alumnos de la escuela se pasan cuatro años y ocho meses (de media) hincando los codos: y un mínimo de diez horas de estudio al día. Casi sin descanso. Solo los mejores, y dependiendo del número de plazas, la superan. 

Según un estudio, un 67% de estos alumnos/jueces empiezan a dar ordenes a la Guardia Civil con entre 26 y 29 años de edad. Amaia Ganuza pertenece a la actual promoción, la 2013/2015. Es de las más jóvenes. ¿Por qué quiso usted ser juez? Amaia se muestra firme: “Un juez tiene mucho poder, pero correctamente utilizado puede hacer mucho bien a la sociedad”. Sus compañeros María Belmonte, palentina de 28 años; Diego Martínez, vallisoletano de 32 o Daniel C., de 26, coinciden con ella en ese carácter de servicio público, y en la "responsabilidad" inherente al cargo. Los que superan la oposición, tienen que estar dos años en la Escuela Judicial: perciben unos 1.000 euros (2.000 en Italia) al mes que les proporciona el Gobierno para su estancia en la capital catalana. La mayoría viven en alquiler, en pisos compartidos. Y tiene que subir a diario al centro escolar, la atalaya desde la que se divisa Barcelona.

El  estudio revela que no siempre la elección de la carrera judicial es vocacional: mayoritariamente los alumnos eligieron ser juez por "la estabilidad en el empleo" y por "la muy aceptable" remuneración que perciben. Un juez de instrucción de Madrid, con tres guardias mensuales, puede alcanzar los 4.500 euros mensuales. En provincias, y en los partidos judiciales más pequeños, primeros destinos de los jueces que salen de la escuela, el sueldo baja muchos enteros, algo más de 2.000 euros.

El primer año de escuela es más teórico: profundizan en lo aprendido durante la oposición ("venimos con todas las leyes en la cabeza, pero sin ninguna practica”, cuenta Amaia, mientras redacta en casa una sentencia que le han puesto los profesores sobre un caso ficticio); el segundo, todo prácticas. Acompañan y ayudan en sus tareas a jueces ya en activo que hacen de tutores. E incluso les puntúan. Todo bajo la supervisión de lo profesores de la escuela. También visitan cárceles, acuden a comisarías de policía, a barrios conflictivos... Los profesores buscan acabar con aquella imagen del juez al que, casi recién salido de la oposición, se le daba un despacho y se ponía a dictar sentencias o instruir casos tras años encerrado estudiando, pero ajenos al pulso ciudadano. Entre los alumnos hay compañerismo, pero también mucha competencia. Cuanto mejor nota saquen al final, más posibilidades de elegir luego su primer destino.

Llama la atención del citado estudio que la cifra de juezas de las últimas promociones casi duplica (65%)) a la de jueces (35,52%). Carlos Lesmes, el nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial (al que pertenece la escuela de Barcelona), ha hecho una encendida apuesta por la igualdad en una carrera en cuyos altos cargos predomina el varón. En el Tribunal Supremo, con cerca de cien jueces, solo hay nueve mujeres, aunque recientemente ha sido nombrada para la Sala Segunda, la Penal, la magistrada que hará el número diez, Ana Ferrer: será la primera mujer que acceda a esta Sala en sus 100 años de existencia.