El Congreso se pone la tarea de cambiar su propia ley y recuperar el respeto de la calle

Ahora dicen que va en serio. Que esta vez no habrá “líneas rojas”. Que el compromiso de reformar las normas por las que se rige el Congreso de los Diputados es firme por parte de todos. Este espíritu optimista ha caracterizado a los portavoces de los grupos parlamentarios tras su segunda reunión a puerta cerrada para organizar el trabajo. Y ya se han puesto tareas para el 5 de mayo. En los sucesivos intentos de reforma de los últimos años, muchos han sido los asuntos que han supuesto el bloqueo y el fin de la negociación. Uno de ellos ha sido el uso de las lenguas cooficiales. Ahora, varios, grupos, entre ellos, PP, PSOE, UPyD e Izquierda Plural, no quieren que vuelva a ocurrir, aunque para ERC sí continúa siendo un asunto esencial. “Tenemos una última oportunidad para recuperar el respeto de los ciudadanos, de la calle”, ha advertido el portavoz socialista Pablo Martín Peré.

Toda la oposición quiere un mayor control del Poder Ejecutivo y más campo de juego para las minorías. Así, si todos los grupos de oposición piden, aunque no sumen la mayoría absoluta, que comparezca el presidente del Gobierno este no puede negarse a hacerlo. Los diputados podrán improvisar preguntas al Gobierno sin que los ministros sepan previamente de qué se les va a interpelar. A la inglesa. Es decir, un diputado se levanta y lanza su pregunta a un miembro del Gobierno sin que este lo sepa con antelación, como ocurre ahora.

El papel más difícil de estos trabajos, que empiezan ahora y pueden durar lo que resta de legislatura, lo tendrá el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Astarloa. Este jurista, que representa al PP y con mayoría absoluta en el Congreso, sabe que la oposición va a pedir abrir en canal el Reglamento con la pretensión de que sus trabajos sean más cercanos a los ciudadanos y que la oposición tenga más margen de maniobra. Si el PP tiene una especial responsabilidad en atender las demandas de los portavoces, no menos la siente el PSOE. Si se consigue cerrar un acuerdo, algo que ha sido imposible en los últimos 15 años, el nuevo reglamento entrará en vigor la próxima legislatura, aunque es posible que algunos aspectos puedan estar funcionando antes.

Esta es una de las razones por la que se ha aprobado trabajar bloque a bloque, hasta once, sin que el desacuerdo en uno impida seguir con el siguiente. El primer bloque elegido, el procedimiento legislativo, con el que se quiere empezar el 5 de mayo, no será excesivamente complicado en la parte de técnica legislativa y calidad de las leyes. Este apartado regula la vida del Congreso, porque en él están los Estatutos de Autonomía; las iniciativas populares y la forma de aprobar las leyes (lectura única, urgencia...). Pese a su apariencia solo formal, es una cuestión de calado porque determina la participación de la oposición.

Una participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria podría conseguirse a través de la actual comisión de peticiones, además de instalar una Oficina del Ciudadano, que se conocería como el “diputado 351”; uno más que los elegidos por los ciudadanos en las urnas. La asistencia de los diputados a su trabajo no solo estaría vigilada por sus grupos, de manera interna, sino por la propia institución. Por tanto, tendrían que fichar o tener un sistema similar que refleje que están en el Congreso. Todo es poco para controlar al Gobierno y para tener margen de maniobra, desde la perspectiva de la oposición. “Hay una necesidad objetiva de que el Parlamento cambie”, advierte José Luis Centella, de Izquierda Plural. Sí ve voluntad de cambio, la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Y, sin hacer vaticinios de qué puede ocurrir, el portavoz de la mayoría, Ignacio Astarloa, del PP, mostró su satisfacción por lo que ha escuchado. Pero solo es la segunda reunión; queda todo por hacer.