Ruz cita a declarar a la cúpula de Gürtel para rematar la investigación

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quiere ir cerrando, aunque sea por partes, la investigación del caso Gürtel, la gran causa de corrupción vinculada al Partido Popular. Con ese fin, ha citado para los próximos días 19 a 21 de marzo al cerebro de la trama, Francisco Correa, y a los principales miembros de la cúpula corrupta: Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego; Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en la Comunidad Valenciana, y el contable del grupo, José Luis Izquierdo. Los cuatro serán interrogados con dos objetivos: el primero, aclarar datos sobre supuestos delitos acumulados a lo largo de cinco años de pesquisas; el segundo, no menos importante, garantizar el derecho de defensa de los imputados.

Cuando los líderes de la Gürtel declararon ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al iniciarse la investigación, los hechos se encontraban bajo secreto de sumario. Durante estos años, el juez ha recibido numerosos informes de la policía, de la Agencia Tributaria y de autoridades judiciales extranjeras, que han permitido poner en pie la que quizá sea la causa de corrupción más extensa de cuantas se han investigado en España. Ruz, que no quiere que cualquier alegación de vulneración del derecho de defensa desbarate el caso, ha convocado a los cuatro principales miembros de la trama a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Ruz los señala como presuntos autores de, al menos, seis delitos continuados: cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la Administración pública, delitos contra la hacienda pública, falsedad y blanqueo de capitales. "Teniendo en cuenta que se tomó declaración a alguno de ellos cuando la causa estaba aún secreta" o antes de que se remitiera documentación de las comisiones rogatorias, de la policía y Hacienda, el juez ha decidido volver a llamarlos a declarar, aunque cualquiera de ellos, en su condición de imputados, podría haber acudido en cualquier momento al juzgado.

En su auto, el juez señala a Correa como "líder" del entramado societario para "obtener irregularmente adjudicaciones públicas -bien para sus empresas bien para terceros- mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones". El juez sitúa esa actividad delictiva "fundamentalmente", en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Estepona (Málaga), y omite la Comunidad Valenciana, dado que esta rama está siendo investigada en el tribunal superior de esa comunidad.

"Las dádivas presuntamente percibidas por los distintos cargos públicos consistían en dinero en efectivo o en prestaciones de servicios", expone el magistrado en su auto.

Ruz considera que hay además indicios para afirmar que Correa colaboró con la "ocultación de los fondos percibidos por los distintos cargos públicos". Y apunta que, además, "habría ocultado a la Hacienda pública todos sus ingresos".

Respecto a Crespo, el juez lo sitúa como el "encargado de la gestión diaria del entramado sin perjuicio del superior control y supervisión y estaría auxiliado por José Luis Izquierdo". Sobre este, Ruz sostiene que era el "encargado, básicamente, de la gestión de la tesorería opaca del grupo y de la facturación irregular vinculada a ella".

Por otra parte, el magistrado ha citado como imputada a Julia López Valladares, funcionaria de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, para responder por los contratos del gobierno regional con las empresas de la trama de Correa para la celebración de actos de propaganda política de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Según el juez, López Valladares, "podría haber tenido una participación activa" en la contratación irregular de las empresas de Gürtel. En concreto, Ruz le atribuye haber "dado instrucciones" a las empresas de Correa "de cómo debían facturar al objeto de eludir los correspondientes procedimientos de contratación", y en particular sobre "como facturar un mismo acto por diversas entidades aparentemente independientes, reduciendo así su importe individual por debajo de 12.020 euros, lo que les permitiría tramitarlo como contrato menor".