El aborto divide a las ponentes del CGPJ
Pilar Sepúlveda
Carmen Llombart
La abogada Pilar Sepúlveda, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha hecho público su informe sobre el Anteproyecto de ley del Aborto del Gobierno, al que considera una norma que bajo el pretexto de reducir el número de abortos ofrece la criminalización de conductas y la eliminación del ámbito de decisión de la mujer.
Tanto Sepúlveda, progresista, como la vocal Carmen Llombart, conservadora, han recibido el encargo de la Comisión Permanente de elaborar la propuesta de informe preceptivo que debe debatir y votar el Pleno del CGPJ.
Ambas vocales analizaron sus respectivas ideas y posiciones sobre el Anteproyecto elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero no llegaron a un consenso para elaborar un informe conjunto.
Fuentes consultadas informan que el secretario general del CGPJ, José Luis Terrero, hizo diversas exhortaciones a Pilar Sepúlveda, experta universitaria por la UNED en Malos Tratos y Violencia de Género y presidenta de Amuvi, asociación de mujeres de Andalucía, para que prestara su acuerdo al informe elaborado por la vocal conservadora, magistrada Carmen Llombart, presidenta de la Audiencia de Valencia.
Según Terrero, el informe de Llombart, que no se ha difundido, tiene carácter "técnico", mientras que se atribuye a las posiciones de Sepúlveda un perfil "ideológico".
La abogada estimó que sus consideraciones también tienen el carácter técnico que se requiere para un informe sobre el anteproyecto oficial.
El sistema puesto en práctica por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al menos en dos casos (informes relativos a proyectos del Gobierno para que las víctimas de delitos graves sean oídas en la ejecución de las penas y a la justicia voluntaria en los casos de divorcios de común acuerdo) ha sido el de la difusión, mediante comunicado, de dichos informes elaborados por los vocales para ser debatidos y votados en el Pleno del CGPJ.
Un tercer caso, el informe elaborado por dos vocales sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, no se ha plasmado en un comunicado oficial, aun cuando debía debatirse en el Pleno de hoy, día jueves 27 de febrero.
Sin embargo, EL PAÍS obtuvo y publicó en su edición del pasado martes el informe de Wenceslao Olea, del sector conservador, y la progresista Victoria Cinto.
El documento cuestiona la constitucionalidad de dicho anteproyecto.
La publicación de la información llevó al presidente Carlos Lesmes a suspender el debate previsto para este jueves, día 27.
El secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, declaró al respecto, asumiendo de facto funciones de portavoz complementario del CGPJ, que el borrador, difundido por EL PAÍS, es "muy preliminar".
En realidad, era el borrador para debatir y ser votado, como se ha apuntado, en el Pleno de hoy, jueves 27 de febrero.
La anticipación de su contenido ha llevado a Lesmes a reuniones de urgencia para ordenar que los informes elaborados por los vocales con "contenido político" no deben ser publicados sin su previa aprobación puntual.
Una cautela que da marcha atrás en su presunta política de transparencia de difundir los informes elaborados por los vocales a través de un comunicado oficial del CGPJ.
Tanto el informe de Pilar Sepúlveda, contrario al Anteproyecto de Ley del Aborto, como el de Carmen Llombart, favorable, deberían ser debatidos para su votación en un Pleno del CGPJ a finales de marzo.
