Los diputados votarán en secreto con papeleta una iniciativa sobre el aborto

La presión de la oposición no va a bajar a pesar de que el Gobierno ha ralentizado el desarrollo del anteproyecto de la futura ley del aborto. No hay ley en el Parlamento pero sí hay debate sobre las intenciones del Ejecutivo. Así va a ocurrir el próximo martes con una proposición no de ley del Grupo Socialista respecto a la que hay una novedad en el procedimiento. Los socialistas han dirigido un escrito a la Mesa del Congreso para que esa proposición se someta a votación secreta con una intención clara: poner a prueba la cohesión interna del Grupo Popular, una vez constatado el malestar en sus filas por algunos aspectos de la ley. Lo tiene conseguido porque el voto en urna puede conseguirse si lo piden dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados. Las dos condiciones están aseguradas.

No hay duda de que esa petición de voto personal y anónimo, mediante papeleta en urna, está destinada a los populares, porque los grupos en los que hay división de opiniones no tienen problema en manifestarlo y permitir la libertad de voto por considerar el aborto una cuestión de conciencia personal. Así ocurre en CiU y el PNV. Tanto socialistas, como Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG , Garoa Bai y Coalición Canaria-Nueva Canaria no están de acuerdo con la orientación que el Gobierno quiere dar a la actual legislación del aborto por lo que no tendrán problema en votar en público o en secreto una iniciativa por la que se pide “la retirada del anteproyecto”.

Esta es la proposición no de ley que votarán los diputados: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de la Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”.

Esta petición va precedida de un largo preámbulo en el que se defiende la ley que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo de 2010 y que sustituyó a la anterior legislación que tuvo una vigencia de 25 años. El anteproyecto del Ejecutivo, aprobado el 20 de diciembre de 2013, suprime la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas, considerándose como delito despenalizado solo en los supuestos de violación y grave peligro para la vida o la salud de la mujer. Se suprime también el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida.

“Esta norma supondrá un retroceso de más de 30 años para la legislación española en este ámbito y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad”, se escribe en esta iniciativa parlamentaria. Si se aprueba el anteproyecto, “España se situaría como una excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia”. Esto sucedería cuando las mujeres españoles “habían contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año”.

Estos argumentos escritos, firmados por la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, se esgrimirán desde la tribuna de oradores el próximo martes con la petición expresa y directa a todos y cada uno de los diputados y diputadas del PP para que voten en conciencia e impidan que el anteproyecto se convierta en ley.