El PP desprecia la justicia universal porque solo “consigue conflictos”

Para el PP, la justicia universal “no es eficaz” y “promete mucho, pero no consigue más que conflictos diplomáticos”, según explicó ayer su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso. Por eso se proponen eliminar cualquier posibilidad de actuación de la justicia española fuera del territorio nacional, a través de una proposición de ley que se tramitará de forma urgente en el Congreso de los Diputados. La proposición ha sido redactada por el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón para dar respuesta a las peticiones de Gobiernos como el de China después de que la Audiencia Nacional dictase una orden de busca y captura contra cinco miembros de la nomenclatura de Pekín.

España está a la vanguardia en el mundo en esta jurisdicción universal, incluso después de que fuera podada en 2009 con un acuerdo entre el PSOE y el PP. Afecta a casos como el de la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Irak, las torturas en Guantánamo o las causas por genocidio en China y Ruanda. Todos esos sumarios que se instruyen en la Audiencia Nacional deberán ser archivados cuando se apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Jueces, fiscales y oposición lo rechazan por entender que supone un retroceso.

La Mesa del Congreso deberá decidir si solicita el informe técnico

“Es bueno que lo revisemos y que adecuemos nuestra regulación a lo que es común en el Derecho Internacional”, aseguró Alonso. Solo dejó una puerta abierta a que se matice el texto al asegurar que también analizarán “el impacto que tiene sobre los asuntos que están ahora mismo abiertos y que podrían verse afectados”.

El Gobierno ha preferido dejar en manos del PP la reforma para que se tramite con mayor celeridad y, sobre todo, para eludir la petición de informes al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Con ello el tiempo de tramitación se reduce al mínimo y solo es preciso esperar los 30 días que prevé la ley para que el Gobierno haga alegaciones. Es tan inusual esta vía que en los dos años transcurridos de legislatura es la primera proposición de ley del Grupo Popular.

La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, presentó ayer en el Congreso un escrito en el que pide a la Mesa que se dé traslado al Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes, para que emita un informe. Se basa en el artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto asegura que se someterán a informe del Consejo “los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

La portavoz socialista invoca un precedente de 1997 en el que se pidió informe al Consejo sobre una proposición de Ley Orgánica Reguladora de la Tutela Cautelar Penal que fue presentada por el PNV. Ahora, los socialistas pretenden que en los 30 días en los que el Gobierno debe informar sobre la iniciativa del PP, se aproveche para que el Poder Judicial emita un dictamen.

Alfonso Alonso admite que se trata de evitar problemas diplomáticos

Se da la circunstancia de que, en caso contrario, sería la segunda vez que se elude un informe sobre este asunto. Si esto sucede, el Consejo nunca se habrá pronunciado sobre la eliminación paulatina de la justicia universal.

La Mesa del Congreso deberá estudiar la petición de los socialistas. También las solicitudes de PSOE e IU para que comparezcan en la Cámara el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el presidente del Poder Judicial para fijar su posición.

El líder de IU, Cayo Lara, lamentó ayer que el Gobierno del PP quiera “suprimir lo poco que queda de la justicia universal”. “Nos permite actuar en cualquier parte del mundo frente a crímenes o atentados directos contra los derechos fundamentales, como en el caso Pinochet. No entendemos que a estas alturas, en pleno siglo XXI, se vaya hacia atrás como los cangrejos”, añadió.