El juez blinda la declaración de la Infanta para que no haya fuga de imágenes

De la declaración como imputada de la infanta Cristina en el caso Urdangarin quedará un testimonio oral, una grabación en audio, pero no habrá imágenes en vídeo del histórico acto del interrogatorio judicial a la hija del Rey, el próximo 8 de febrero. El juez José Castro ha confirmado este martes este extremo y, además, para asegurar que no haya fugas incontroladas de la declaración prohibió “terminantemente” que “persona alguna acceda al interior” de los juzgados de Palma con “terminal telefónico, tabletas, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos”. Los letrados, funcionarios y fiscales quedan así advertidos.

El juez guardará en la caja fuerte el soporte sonoro de la declaración de la Infanta, de la que se efectuará una versión escrita oficial. De este documento se dará una copia a las partes y al ministerio público. Castro recuerda que de las grabaciones de la causa que se han custodiado de esta manera “ni una sola ha trascendido a los medios”.

Doña Cristina, como hizo su marido, tendrá que pasar por el arco detector de metales de la entrada de los juzgados y dejará sus dispositivos electrónicos —como el resto— en depósito en manos de los agentes de seguridad, que los guardarán en bolsas separadas e identificadas.

La petición del veto a la captura de imágenes durante la declaración la efectuó verbalmente la defensa de la hija del Rey. La grabación de voz sirve para abreviar el acto judicial porque elude la lenta transcripción escrita de preguntas y contestaciones, con “debate interminable” sobre el sentido de la redacción y correcciones del acta, observa el juez. Urdangarin pidió que no se realizase la grabación audiovisual de su primera declaración, en 2012, y por ello se extendió en “una duración a todas luces escandalosa, próxima a las 25 horas”, a lo largo de dos jornadas.

Cristina de Borbón será interrogada sobre su relación con supuestos indicios delictivos por blanqueo de dinero y fraude fiscal. La defensa afirma que no hay base alguna para atribuirle responsabilidades en la gestión de las empresas y las rentas generadas por su marido. Es la tesis que sustentan la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado tras las sesiones de peritaje de los inspectores de Hacienda y la Policía, donde buscaron desactivar el andamiaje acusador del juez.

Castro considera que sí hay indicios suficientes para interrogar a la Infanta por los supuestos delitos de blanqueo y fraude fiscal que habría cometido a través de Aizoon, la empresa cuya propiedad compartía al 50% con su marido: “Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado”, escribió en su auto del pasado 7 de enero.