El Gobierno mantiene silencio y deja al PP para que insista en la respuesta crítica
Los populares piden la disolución de la banda y la entrega de las armas
El Gobierno de Mariano Rajoy mantiene silencio sobre el comunicado de los presos de ETA, tres días después de hacerse público. La versión no oficial del Ejecutivo es que el pronunciamiento de los reclusos aceptando la legalidad, reconociendo el daño causado y asumiendo salidas individuales no modifica en nada la situación.
Disolución y entrega de las armas son las dos exigencias a ETA que ha mantenido siempre el Gobierno y que este lunes reiteró de forma no pública —oficialmente guarda silencio—. El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, se limitó a expresar el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por lograr “la total y definitiva desaparición de ETA”.
Fuentes del Ejecutivo explican que no hay ningún cambio sobre la política penitenciaria y aseguran que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está dispuesto a recibir al lehendakari Íñigo Urkullu como ha hecho en otras ocasiones. Fuentes de La Moncloa recuerdan que en los últimos meses ha habido también un diálogo fluido de Urkullu con la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría. La número dos del Gobierno visitó al lehendakari y a responsables del PNV con los que habló, precisamente, de la política penitenciaria y el fin de ETA.
El silencio público del Gobierno se mantendrá, en principio, hasta el viernes, cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández, comparezca en rueda de prensa para hablar de tráfico; con toda seguridad se pronunciará sobre el comunicado de los presos de ETA.
Para intentar minimizar en lo posible el paso dado por los presos etarras, el Ejecutivo dejó la respuesta en manos del PP. El portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que “lo único que hay que esperar de la banda terrorista es su disolución”.
El PSOE, a través de su responsable de Organización, Óscar López, opinó también que “es un paso más, pero no el último, porque el último debe ser el de la disolución” definitiva de la organización terrorista.
UPyD, que rechaza que el comunicado suponga paso alguno, intentará forzar un debate sobre el asunto en el Congreso en febrero, a la vuelta de las vacaciones parlamentarias. Para eso presentó este lunes en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a aplicar “con todo rigor” la Ley General Penitenciaria y el Código Penal a los presos de ETA antes de concederles cualquier tipo de beneficio penitenciario.
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