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La consulta catalana no se votará en el Congreso antes del próximo abril

La iniciativa será presentada en las Cortes a finales de enero

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Artur Mas y Oriol Junqueras, el pasado jueves, durante el anuncio de la fecha y las preguntas de la consulta soberanista catalana.

En el mejor de los casos, la votación sobre la consulta soberanista en Cataluña en el Congreso no se celebrará antes de abril de 2014. Y cabe la posibilidad de que no se produzca hasta septiembre. Esa lentitud es consecuencia de los plazos legales, pero también del ritmo premioso que han adoptado los partidos para procesar la iniciativa.

El primer paso no se dará hasta el 15 de enero, cuando el Parlamento de Cataluña debata y apruebe con los votos de CiU, ERC, ICV y CUP la iniciativa para pedir en el Congreso que, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, se transfiera con ley orgánica a esta comunidad la potestad para convocar el referéndum.

Ese artículo asegura que “el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”. El Gobierno de Mariano Rajoy rechaza el uso de ese artículo para ceder esta y cualquier otra competencia a comunidades.

La proposición del Parlamento catalán no se debatiría hasta septiembre

Una vez que se apruebe en el Parlamento catalán, la petición llegará al Congreso. Las iniciativas autonómicas tienen un cupo muy reducido en el pleno y solo se discute una al mes. En este momento hay cinco esperando para ser discutidas. Es decir, por esta vía el pleno del Congreso no discutirá la iniciativa antes de septiembre.

Este procedimiento tiene una ventaja para los promotores desde el punto de vista político, y es que la iniciativa es defendida en la tribuna por representantes del Parlamento autonómico promotor. En este caso, podrían intervenir en el pleno Artur Mas y Oriol Junqueras, entre otros.

El modelo, salvando las diferencias de fondo, sería el del Plan Ibarretxe, que el 1 de febrero de 2005 fue debatido y rechazado tras ser presentado por el entonces lehendakari.

Hay otra vía más rápida, que es que sean los grupos parlamentarios, en este caso CiU, ERC e ICV, los que presenten en el Congreso una proposición de ley. Sin embargo, fuentes de estos partidos aseguran que la decisión es esperar al pleno del Parlamento de Cataluña y hasta entonces no hacer ningún movimiento.

Esta vía tiene el inconveniente político de que no hay presencia institucional de la Generalitat y sus representantes en la tribuna. Tiene la ventaja de ser más rápida. Si los grupos decidieran utilizarla, el reglamento establece un periodo de 30 días hasta que la petición se discuta en el pleno, una vez que la califique la Mesa. Este último proceso no parece presentar inconvenientes y el PP la tramitaría. Sobre todo porque hay precedentes como el del 30 de junio de 2004, en la anterior legislatura, cuando ERC presentó una proposición de ley para que en virtud del artículo 150.2 de la Constitución se transfiriera a Cataluña la competencia para convocar consultas. La iniciativa, idéntica a la que se presentaría ahora, después de varias vicisitudes parlamentarias, se debatió y votó el 27 de marzo de 2007. Se rechazó la toma en consideración con solo 29 votos a favor, 265 en contra y una abstención. Si los partidos catalanes presentaran la iniciativa a mediados de enero, mes no hábil en el Congreso, no se votaría hasta abril. La toma en consideración sería rechazada, en principio, con los votos de PP, PSOE y UPyD. En el caso muy improbable de que superara esa votación, iniciaría un trámite parlamentario en comisión y en el Senado que no acabaría hasta después del verano de 2014.

En 2007 se rechazó una iniciativa similar de ERC en la Cámara

La vía del artículo 150.2 de la Constitución para ceder competencias a las comunidades no es habitual. El periodo en el que más se utilizó fue en 1996, cuando arrancó el Gobierno en minoría de José María Aznar y el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, echó mano de ese instrumento para cumplir los acuerdos con CiU y PNV.

El propio Rajoy defendió ese instrumento en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso el 11 de junio de 1996. “Lo vamos a utilizar en todo aquello que suponga un cumplimiento de los acuerdos a los que hemos llegado con nuestros coaligados, y lo digo con meridiana claridad”, aseguró el ahora presidente del Gobierno en referencia a sus pactos con los nacionalistas para justificar el uso del 150.2. Quien le interpelaba y cuestionaba por ello aquel día era el entonces portavoz de Administraciones Públicas del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.