El PSOE lleva al Congreso la supresión de las donaciones a los partidos

No hay paciencia para esperar a que antes de que termine la legislatura, dentro de dos años, se modifique la ley de financiación de partidos dentro del paquete de medidas de regeneración democrática que el Gobierno quiere poner en marcha. Las investigaciones judiciales por los caos Bárcenas y Gürtel han movido al PSOE a promover una iniciativa por la que se prohíban las donaciones de las empresas a los partidos sin excepción alguna.

El próximo martes los socialistas defenderán una proposición no de ley para que se supriman estas aportaciones de las empresas, una vez probado que empresas y personas jurídicas “han incumplido sistemáticamente, en el seno de alguna formación política, tanto los límites sobre el importe máximo de sus cuantías como los relativos a la prohibición de que las mismas no provengan de empresas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas".

En las últimas horas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a 10 empresarios por presuntas donaciones al PP, en el curso de la investigación sobre la supuesta contabilidad opaca de esa formación política. El límite de las aportaciones está en 100.000 euros al año por empresa y perfectamente identificada.

La demanda de un cambio en la ley de partidos políticos se ha recrudecido en los partidos de oposición, aunque hasta ahora el PP se ha defendido con el ataque. En todos los debates parlamentarios al respecto siempre la respuesta ha sido que el único partido condenado por financiación ilegal ha sido el PSOE, en relación al llamado caso Filesa. No fue exactamente así, ya que los tribunales solo pudieron condenar a personas concretas y no al partido aunque en el PSOE nadie niega que las prácticas ilegales fueron en beneficio del partido y no de enriquecimiento de ninguno de sus dirigentes.

“Nosotros ya aprendimos la lección”, ha respondido el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se le recuerda ese episodio de los años 90. Ahora ya no callan y en la última modificación de la ley de financiación de partidos que los socialistas promovieron, el endurecimiento fue en aumento. Una de las reformas fue la eliminación de las donaciones anónimas, acogida de muy mala gana por el resto de los partidos a excepción de Izquierda Unida, carente de este tipo de aportaciones ni por parte de empresas ni de personas.

Con la supresión de las donaciones de las empresas se pretende eliminar la posibilidad de que como contrapartida las compañías obtengan un trato privilegiado. Detrás de la pista de privilegios está el juez Ruz al promover esta semana la investigación de varias empresas en búsqueda de sus contratos con la administración y comprobar si coinciden con sus aportaciones al PP.