PSOE: “La nueva ley de servicios mínimos es una ley de huelga encubierta”

EL presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves una nueva ley de servicios mínimos de manera inesperada en una entrevista en RNE. En ella, ha asegurado que ya ha encargado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una normativa que sirva para conciliar el derechos de huelga con el respeto a la libertad de los ciudadanos. Así se están pronunciando sobre la misma desde los principales partidos políticos y los sindicatos.

Nueva ley de huelga encubierta. La ley es, para el PSOE, una "nueva ley de huelga encubierta". Han sido las palabras de la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, que este martes ha acusado al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de o tener valor para anunciar sus verdaderas intenciones. "No tiene valentía para decirlo"; ha asegurado.La portavoz socialista considera que los servicios mínimos "ya vienen regulados en la ley de huelga" y que "no es momento" para abordar cambios.

Una alcaldesa respaldada. La alcaldesa de la Comunidad de Madrid, Ana Botella, ha asegurado sentirse "muy respaldada" por su partido y ha agradecido la "cariñosa apreciación" que ha hecho sobre ella el presidente del Gobierno en la entrevista de este jueves, cuando se ha referido a la regidora como una "magnífica alcaldesa". Botella, que hasta la semana pasada se enfrentó a una dura huelga de limpieza en la capital que duró 13 días, ha manifestado que es "necesaria" una ley "para garantizar los servicios mínimos de los servicios públicos esenciales".

Decisión acertadísima. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha calificado la decisión de Rajoy como "acertadísima" ante el "reiterado incumplimiento" de los servicios mínimos por parte de los sindicatos en las huelgas que se producen. A su juicio, el que un gobierno tome una decisión así es porque "desgraciadamente, los sindicatos no están cumplimiento y los piquetes no respetan y vulneran el derecho de los ciudadanos que no quieren ir a la huelga", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "No se trata de limitar ningún derecho, sino de hacer compatibles los derechos de todos", ha aseverado.

Recortes en los derechos de los trabajadores. El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha acusado al PP de impulsar una ley de huelga "que recorta los derechos de los trabajadores para que no puedan ganarles la batalla". En su intervención en el Pleno de la Asamblea, Gómez ha considerado que será una ley de huelga "que recorta los derechos de los trabajadores para que no puedan ganarles la batalla como lo hicieron los trabajadores de la limpieza de Madrid".

Quizá toca. El portavoz de CiU en la Comisión de Empleo del Congreso, Carles Campuzano, ha admitido que "quizá toca" impulsar una ley de servicios mínimos pero ha advertido de que esta regulación debe basarse en un acuerdo previo y "muy de fondo" con los agentes sociales y las comunidades autónomas. "Sin ese acuerdo va a ser complicado que los servicios mínimos se pongan en marcha", ha avisado, incidiendo en que las comunidades autónomas son la autoridad laboral que negocia los mismos con los agentes sociales cuando se convocan huelgas.

Un cortafuegos para los trabajadores. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Quintana, ha considerado que plantear una ley de servicios mínimos es intentar "establecer una especie de cortafuegos para que a los trabajadores se les impida ejercer sus derechos". "Ese recorte de libertades es otro apretón de tuerca para eliminar la capacidad de huelga de los trabajadores, un derecho reconocido en la Constitución", ha añadido.

Criminalizar la protesta social. El portavoz de IU, Gregorio Gordo, ve la ley como "el principio de la amenaza sobre regularizar el derecho de huelga", un "primer paso que tiene como único objetivo criminalizar la protesta social ante las medidas de recorte que viene haciendo Gobierno de España y de la Comunidad". Gordo ha rechazado la ley y ha advertido que, si Rajoy pretende "amedrentar" a su partido y a las personas que "legítimamente confrontan sus políticas a través de manifestaciones va a conseguir algo, puede abandonar la fe en ese sentido".

Los ciudadanos no son rehenes. En respuesta a los portavoces socialistas, su homólogo popular en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha recordado que ellos han pedido que se regule la Ley de Huelga, porque '"no se puede tomar a los ciudadanos como rehenes cuando hay un conflicto laboral muy legítimo que afecta a un servicio básico" como es la limpieza o el transporte público. "Que se regule y marque unos servicios mínimos. Unos mecanismos de negociación como el arbitraje nos parece lo razonable para que los ciudadanos no sean tomados como rehenes de reivindicaciones laborales por muy justas que sean", ha remarcado.

Sorprendente y no prioritaria. UGT no ve prioritaria la creación de una ley de servicios mínimos y asegura que cualquier regulación de un derecho fundamental debe contar con el acuerdo de los sindicatos. En un comunicado, UGT ha calificado de "sorprendente" el anuncio de Rajoy y ha pedido la participación de los sindicatos en este debate. "Imponer este tipo de normas sería claramente antidemocrático" ha advertido.  También ha criticado el "desacierto" del Gobierno al plantear esta iniciativa "en caliente", en referencia la reciente huelga de basuras que vivió la Comunidad de Madrid durante 13 días. El sindicato ha estimado que, para conciliar los intereses entre los distintos derechos afectados en caso de huelga que afecten a los servicios públicos esenciales, "lo mejor es la autorregulación".

Tremendamente inoportuna. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, ha cuestionado la necesidad de la ley, ya que es un asunto que no se debe resolver "al calor" de un conflicto como el de la pasada huelga de limpieza viaria de Madrid y "por las presiones de los sectores más extremos de su propio partido". Después de defender que de ese conflicto en la capital no se desprende la necesidad de una ley de servicios mínimos, ha indicado que el planteamiento de Rajoy es "tremendamente inoportuno".