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Bruselas avala los controles en Gibraltar pero pide mejoras en el paso fronterizo

El dictamen incluye una serie de recomendaciones tanto para España como para Reino Unido

Es el resultado de la misión de expertos que el Ejecutivo comunitario envió el 25 de septiembre

La Comisión Europea medió en el conflicto que este verano protagonizaron las autoridades españolas y británicas por los controles en Gibraltar; y el árbitro ya tiene una opinión. España no infringió las normas europeas al endurecer los requisitos para traspasar la frontera después de que las autoridades del Peñón lanzaran bloques de hormigón en la bahía de Algeciras.

Es el dictamen de los expertos europeos que viajaron al Peñón el pasado 25 de septiembre, que sin embargo piden soluciones para “los fuertes volúmenes de tráfico en un espacio reducido y el aumento de la introducción de tabaco de contrabando en España”.

Bruselas se resiste a valorar si el primer ministro británico, David Cameron, tenía razón o no cuando dijo que los controles tenían una motivación política. “Nos hemos fijado en los hechos. Y los expertos han comprobado los cuellos de botella, las largas colas y las quejas de los trabajadores. Eso es un hecho. Y por eso proponemos soluciones a estos problemas”, ha asegura hoy el portavoz de la comisaria de Interior.

El Gobierno de Mariano Rajoy no violó ninguna norma, pero las autoridades europeas quieren que mejore los pasos fronterizos a Gibraltar y la lucha contra el contrabando, por lo que ha enviado cartas a Madrid y Londres con recomendaciones para aliviar el problema.

Pese a que Bruselas les da la razón en el culebrón que protagonizaron este verano, las autoridades españolas deben abordar tres aspectos. El Gobierno debe optimizar el espacio físico que hay entre los controles para asegurar la fluidez del tráfico, desarrollar el intercambio de información con Londres para luchar contra el tráfico de tabaco y realizar controles más selectivos “basados en un depurado análisis del riesgo para reducir el gran número de controles fronterizos aleatorios”.

El Gobierno de Cameron, por su parte, también ha recibido una misiva con tres recados de Bruselas. Reino Unido deberá garantizar “controles no sistemáticos y basados en un análisis del riesgo sobre viajeros y sus pertenencias a la salida de Gibraltar por el paso fronterizo de La Línea de la Concepción”, así como optimizar la legislación e impulsar la colaboración entre los servicios de inteligencia de los dos países para luchar contra el contrabando de tabaco.

Pese a tratarse de meras recomendaciones sin ninguna capacidad coercitiva, la Comisión Europea seguirá atenta a lo que ocurre en Gibraltar. En seis meses volverá a hacer una inspección para observar si se han puesto en marcha las recomendaciones anunciadas hoy.

Cinco hombres y una mujer enviados por Bruselas hicieron en septiembre una jornada laboral de 10 horas examinando la frontera más pequeña del mundo, que tanto ruido causó en agosto. Se reunieron, pasearon, se dejaron ver y fotografiar, pero no soltaron una sola palabra. Con el mismo mutismo con el que llegaron, se fueron. Vinieron a comprobar si España aplica los controles fronterizos “de forma razonable y proporcional” y, por otra parte, qué volumen alcanza el contrabando. Temas medioambientales o fiscales quedaban fuera de esta inspección, pese a lo dicho por España durante el mes de agosto.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes durante la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros que "el Ejecutivo está satisfecho porque Bruselas ha señalado que España  no  vulnera la norma comunitaria". "Nos da la razón", ha añadido. La vicepresidenta ha destacado que el informe de los expertos pide a Reino Unido y España "que trabajen juntos en medidas para luchar contra el contrabando".

La tensión entre el Peñón y España no ha dejado de crecer en los últimos meses. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, llegó a asegurar a principios de octubre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York que España había lanzado una "campaña de odio" contra el Peñón, que incluía "invasiones" por parte de la policía y las fuerzas armadas españolas en aguas territoriales de la colonia, "incendios y daños" contra propiedades de gibraltareños en España, e incluso de "disparos contra gibraltareños inocentes".

Estas acciones, calificó el dirigente ante la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas, "entran en la definición que hace la Unión Europea de delitos terroristas". El ministro principal del Peñón había solicitado el día anterior la intervención de Washington en el conflicto: "Estados Unidos debería defender el derecho de los pueblos a decidir su futuro".

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