España se opone a un proyecto europeo de control de fronteras por Gibraltar

El contencioso que arrastra España con Reino Unido a cuenta de Gibraltar ha colocado al Gobierno español en una controvertida situación respecto a sus socios comunitarios. España votó hace unos días en contra del gran proyecto que ha puesto en marcha la Unión Europea para vigilar mejor sus fronteras exteriores y prevenir naufragios como el de Lampedusa. Con esta decisión, España se convirtió en el único país comunitario en emitir un voto contrario a Eurosur, una iniciativa que le beneficia en gran medida por ser puerta de entrada a la UE por el Mediterráneo. Fuentes cercanas a este proceso alegan que España defiende el proyecto, pero discrepa de un artículo que permite compartir información de fronteras con Reino Unido. El Ejecutivo recela de esa posibilidad porque Londres no forma parte del espacio Schengen.

España ha pretendido enviar una fuerte señal política a Bruselas de su malestar por el conflicto de Gibraltar. Pero la arriesgada maniobra le ha generado más perjuicios que beneficios, pues en la práctica el Gobierno español aparece como el único Estado europeo que se opone a mejorar el intercambio de información en tiempo real sobre todas las fronteras de la UE. Así figura en el acta de voto del Consejo Europeo del pasado 23 de octubre. Aunque los representantes españoles tratan de quitarle hierro, fuentes diplomáticas de otros países esgrimen ese voto en contra como la excusa perfecta para rechazar la mayor implicación y dotación de recursos que piden los países del sur para prevenir naufragios de inmigrantes.

El proyecto Eurosur ha salido igualmente adelante (lo apoyaron todos, salvo Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que no estaban concernidos por no formar parte de Schengen) y entrará en vigor el próximo 2 de diciembre para un primer grupo de países, entre ellos España. El Ejecutivo español argumenta que sabían que el voto no tendría implicaciones prácticas pero que lo emitieron como una señal de protesta.

La objeción técnica es que el reglamento de Eurosur permite a Reino Unido e Irlanda firmar acuerdos bilaterales o con varios países a la vez para intercambiar información sobre fronteras (también información que las autoridades españolas puedan recabar sobre Gibraltar en el transcurso de la vigilancia de fronteras). España considera que eso contraviene la legislación de Schengen, que contempla esa puesta en común de los datos, pero solo si el voto de los Estados miembros es unánime. Es decir, el Gobierno se niega a perder la capacidad de vetar los flujos de información con Reino Unido y alega que esta posibilidad supone entrar en Schengen por la puerta de atrás, sin las condiciones establecidas en la ley.

Además del voto en el Consejo, los diputados españoles del Partido Popular Europeo también se opusieron al reglamento por los mismos motivos.