El fiscal del Estado se enfrenta a Justicia

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se encuentra en una situación complicada, enfrentado al Ministerio de Justicia y debilitado por varios varapalos judiciales a decisiones personales, según fuentes de la Fiscalía y del Gobierno. La versión oficial del fiscal es que no está enfrentado a Alberto Ruiz-Gallardón, y deja a salvo esa relación personal, pero sí admite que mantiene “discrepancias de fondo” con el equipo del ministro. Tanto que, según esa versión oficial, ve ninguneada a la fiscalía y a la carrera judicial.

Niega tajantemente que vaya a dimitir, pero admite que tuvo que plantarse por actuaciones concretas del Gobierno que le han relegado sistemáticamente. No oculta Torres-Dulce su rechazo a reformas legales en marcha por el ministerio como la del Código Penal y el Código Procesal Penal que sustituirá a la ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre las discrepancias admitidas por la fiscalía y el Ministerio de Justicia se incluye el reciente nombramiento del llamado corresponsal en Eurojust —organismo europeo de coordinación judicial— que, pese a ser un fiscal de carrera, fue decisión exclusiva de Gallardón. Torres-Dulce se enteró una vez decidido.

El ministerio nombró para ese cargo a la fiscal Teresa Gálvez sin consultar a Torres-Dulce; y, según la fiscalía, la designación alteraba el orden lógico y orgánico del cargo. Además, el ministerio público había trabajado desde la etapa de Cándido Conde-Pumpido en un proyecto de fiscal europeo con el que recientemente acabó Gallardón, de nuevo al margen de Torres-Dulce. Según la versión oficial de la fiscalía, España era pionera en el proyecto y se habían dedicado medios personales y materiales para sacarlo adelante. Recientemente el ministro acordó con Francia y Alemania sumarse a su proyecto, que no tiene nada que ver con el que defendían los dos últimos fiscales generales. Torres-Dulce también se enteró cuando estaba consumado.

Niega tajantemente que vaya a dimitir, pero admite que tuvo que plantarse por actuaciones concretas del Gobierno

Otra de las discrepancias tiene que ver con la convocatoria de plazas en la Administración de Justicia. El Gobierno aceptó convocar 50 plazas entre jueces y fiscales. En un Consejo Fiscal, Torres-Dulce trasladó su impresión de que se atribuiría la mitad a jueces y la mitad a fiscales, con posibilidad de primar al ministerio público para que pueda asumir nuevas funciones instructoras. Sin embargo, según la fiscalía, la convocatoria aún no oficial podría estar destinada solo a jueces.

En este capítulo se incluye también el decreto que Justicia aprobó el pasado 20 de septiembre para limitar a situaciones excepcionales la sustitución de fiscales, como ya se hizo antes con los jueces. Ese decreto fue informado negativamente por el Consejo Fiscal y por el propio Torres-Dulce, pero Justicia hizo caso omiso. La radical oposición al texto por parte de la fiscalía no sirvió de nada y Torres-Dulce volvió a perder la batalla.

Ese decreto ha recibido igualmente la crítica de las asociaciones de fiscales. Según la Unión Progresista de Fiscales (UPF), supone “la supresión o reducción drástica de los fiscales sustitutos” y “causará un grave perjuicio al servicio público que la administración de justicia presta a los ciudadanos, incrementando la carga de trabajo de los fiscales titulares que impedirá el adecuado estudio y tratamiento de los delitos de mayor gravedad y complejidad”. “Pudiendo propiciar incluso”, añade la asociación, “espacios de impunidad con relación a determinados fenómenos delictivos que preocupan de manera especial a la ciudadanía (delitos económicos, delitos medioambientales, delitos de corrupción…)”.

El fiscal general tampoco ha ocultado su discrepancia pública con proyectos legislativos emblemáticos de Gallardón. El pasado 16 de octubre, ante el Rey y la cúpula de la Justicia, Torres-Dulce arremetió contra el borrador de Código Procesal Penal porque, según dijo, “incurre en una grave incongruencia al atribuir la dirección de la investigación al fiscal y negarle la capacidad de maniobra necesaria para llevarla a buen término”. “Le somete a un constante escrutinio de su actividad por parte del juez de garantías y por las partes desconocido en el derecho comparado e incompatible con cualquier perspectiva de eficacia”, dijo. Justicia no contempla incluir esas modificaciones en el texto que prepara. Hace casi un año el Consejo Fiscal hizo también un informe muy crítico con el Código Penal de Gallardón en el que aseguraba que da “respuestas desproporcionadas”, sin que Justicia las haya tenido en cuenta en el texto que envió al Congreso.

No oculta Torres-Dulce su rechazo a reformas legales puestas en marcha por el ministerio, como la del Código Penal 

A esa situación difícil de Torres-Dulce con respecto al Gobierno se unen varios varapalos judiciales a controvertidas decisiones personales. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el llamado caso Faisán supone una derrota de su decisión personal de acusar a los dos policías de colaboración con ETA. Esa decisión provocó la situación insólita de que el fiscal del caso, Carlos Bautista, hizo pública su discrepancia y la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la orden que recibió de Torres-Dulce.

Ya antes, en el inicio de su mandato al frente de la fiscalía, la Justicia desautorizó su polémica orden de investigar la destrucción de los trenes del 11-M.

La pasada semana, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anuló la decisión de la Fiscalía General del Estado de expulsar al fiscal Juan Antonio Frago de la carrera fiscal. La resolución no solo anula la primera expulsión de un fiscal en la historia constitucional, sino que da por hecho que la Fiscalía vulneró sus derechos fundamentales. Es decir, que sentencia que la institución garante de los derechos y del principio de legalidad los ha vulnerado. El fiscal fue expulsado por falta continuada muy grave por desobediencia de órdenes de su superior.