El PP se opondrá en el Congreso a regular la Corona con una ley

El PP ha anticipado ya que se opondrá en el Congreso a regular la Corona con una ley orgánica específica, tal y como exige la Constitución. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, anticipó ayer este rechazo al asegurar que es “frívolo” pedir esa regulación y que no se dan en este momento las condiciones necesarias de consenso y diálogo. Alonso respondía así a la proposición no de ley presentada ayer en el Congreso por la portavoz de UPyD, Rosa Díez, para desarrollar el título II de la Constitución y regular la Corona.

El texto, presentado para su debate y votación en pleno en las próximas semanas, insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley en seis meses. El artículo 57.5 de la Constitución establece que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”. En 35 años de democracia ningún Gobierno ha promovido ese desarrollo legal.

A favor del Rey, y no con intenciones aviesas, el Grupo Parlamentario de UPyD quiere provocar el debate en el Parlamento sobre la regulación de todos los aspectos de la Monarquía que la Constitución dejó sin cerrar al dejar la tarea de aprobar leyes para llenar los vacíos a los Gobiernos y a las Cortes. A través de una proposición no de ley, este grupo parlamentario pretende que el Gobierno envíe al Congreso en el plazo de seis meses un proyecto de Ley que desarrolle el Título II de la Constitución, relativo la Corona.

“La Jefatura del Estado no puede estar sometida a la interpretación que en cada momento haga y decida el propio Rey; hasta ahora en la mayoría de los casos ha actuado acertadamente, pero es urgente solventar este vacío”, ha señalado la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Urge regular las situaciones de ausencia del Rey por motivos de enfermedad de manera que el Príncipe asuma todas sus funciones. Esto se conseguiría con la “regencia temporal reversible”, que perdería vigencia cuando el Rey se incorporara a sus obligaciones con plenitud. Los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, han pretendido enfriar este debate y volver a dejar que el tiempo pase.

Quiénes son los miembros de la Casa del Rey, cómo se debe producir la inhabilitación, la abdicación y la renuncia del Rey, y la necesidad de refrendar todos sus actos, son algunos de los asuntos que deben regularse, según esta propuesta. “Parlamentarizar”, es decir, tener bajo el control de las Cortes Generales, las actividades y vida de la Jefatura del Estado es el punto de partida y llegada de esta iniciativa. “No es en contra del Rey, sino a favor de la Jefatura del Estado para que tenga más refrendo”, ha explicado Díez. No hay acuerdo entre los constitucionalistas sobre cómo actuar en cada supuesto. Tanto PSOE y PP reconocen la existencia de esas lagunas, aunque de nuevo tampoco en este momento estimen conveniente llenarlas con la ley.

“Se dice que no se debe actuar en caliente, pero ha resultado que en frío no se hace nada porque no se considera necesario o urgente”. Y así han pasado 35 años, recuerda la líder de UPyD, desde que se aprobó la Constitución con los vacíos normativos sobre la Jefatura del Estado. Debate, por tanto, habrá, aunque el PP y el PSOE, no consideran pertinente dar respuesta a esta obligación constitucional en paralelo a los nuevos problemas de salud de don Juan Carlos, que le tendrán parcialmente inhabilitado durante meses.

Los aspectos a regular por la futura ley se dividen en seis apartados que no dan respuesta normativa cerrada a los mismos, dado que UPyD quiere que el Gobierno elabore un proyecto que luego sea objeto de debate y transacción entre todos los grupos. La inhabilitación del Rey es uno de ellos, dado que la Constitución no señala los pasos a dar. Esta solo atribuye a las Cortes Generales una función de “reconocimiento”, pero no se detallan las razones. En todo caso, sí está de acuerdo UPyD que sean las Cortes quiénes procedan a la inhabilitación. Se tiene que apreciar “la aptitud y la idoneidad” e incluir “situaciones anómalas”, como “el supuesto de dejación de funciones”. Un desarrollo legal de establecer la posibilidad de una regencia temporal para cubrir una capacidad no permanente del ley, se incluye en la propuesta.

El refrendo de los actos del Rey tendrían que estar bajo el control del Parlamento y del Gobierno, o de uno o de otro. Sí se decante este grupo porque el Gobierno “pueda impedir el nombramiento de personas incompetentes o políticamente incorrectas. También habría que aclarar el alcance de la “inviolabilidad” del Monarca y si afecta a todas sus actividades incluidas las exclusivamente personales. En este contexto debería precisarse legalmente si el Rey pierde la inviolabilidad y las prerrogativas cuando pierda su condición de monarca por algunas de las causas que también deben estar previstas. La regulación por ley de la Reina, o el consorte de la Reina y de los miembros de la Familia Real deben regularse, además de la especificación de quiénes son sus componentes.

La Casa del Rey se viene regulando “por decisiones libres del Rey” por lo que “sus decisiones no sometidas a control pueden acabar afectando al Gobierno”, se lee en la proposición no ley. . Una ley debe establecer el marco “de la libertad del monarca en relación con las decisiones de su Casa [ como Jefatura del Estado] y quien ha de asumir las responsabilidades de sus decisiones”. La proposición aboga por “un mayor control del que actual existe hoy”. El control externo de la dotación económica de la Casa del Rey es necesario “para evitar que posibles irregularidades de los miembros de la Casa salpiquen al Rey y al Gobierno”. Este es el punto de partida del debate que se ha abierto en el Congreso desde una posición que no cuestiona la Monarquía.