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IU pide que se impute a Cascos, Acebes y 15 empresarios en el ‘caso Bárcenas’

El letrado de la coalición amplía la querella contra el extesorero y apunta un delito contable

El ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos a la salida de la Audiencia Nacional.

La acusación que representa a Izquierda Unida y otras entidades en el caso Bárcenas ha presentado una ampliación de la querella presentada el pasado febrero. Ahora solicita al juez que instruye el caso, Pablo Ruz, la imputación de los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes; del exgerente del PP gallego entre 1990 y 1996, Ángel Piñeiro, y de 15 nuevos empresarios que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas y que aún no han sido imputados. Entre ellos figuran Ignacio López del Hierro, marido de la actual secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y José Luis Moreno, conocido ventrílocuo, presentador y empresario artístico.

Además, la coalición considera que entre los delitos que se investigan debería incluirse el delito contable, previsto para todos aquellos empresarios de los que se pueda acreditar que destinaron fondos para efectuar pagos ilícitos.

Sobre los empresarios, la acusación apunta a que todos ellos aparecen en los papeles del extesorero, pero aún no han sido imputados. En el escrito de ampliación de la querella, sostiene que tiene acreditada la veracidad de 46 de los asientos contables tras cruzar los papeles con los testimonios en sede judicial y la documentación oficial de los bancos.

A Acebes y a Álvarez Cascos, que ya declaró como testigo en esta causa el pasado 13 de agosto y al que le atribuye la percepción de 600.000 euros en sobresueldos, algunos de ellos siendo ministro, les considera responsables de 12 delitos, informa Efe.

En concreto, reclama al juez que les tome declaración como imputados por los delitos de asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y extracciones ilegales, falsedad de fondos electorales, apropiación indebida de fondos electorales, encubrimiento y delito contable.

Sobre Cascos destaca, además de los sobresueldos, que siendo ministro de Fomento entre 2000 y 2004, se hicieron ingresos de 3,8 millones de euros, que aparecen reflejados en la supuesta contabilidad b del PP, por parte de constructores contratistas de la Administración, especialmente de Fomento.

A modo de ejemplo, señala los pagos atribuidos a la empresa Construcciones Hispánica, presidida entonces por el imputado Alfonso García Pozuelo, y que ascienden a 216.122 euros, cantidad que IU relaciona con las adjudicaciones a esta empresa en ese periodo por 262.890 euros.

Sobre el ex secretario general del PP y actual líder de Foro Asturias, pide al juez que investigue las adjudicaciones para la construcción de la denominada variante de Pajares para la instalación de una línea de Alta Velocidad ferroviaria que uniera Madrid con Gijón.

De Acebes indica que al menos desde 2004 percibió "en dádivas" 107.100 euros "procedentes de pagos efectuados por empresas privadas" y desde esa fecha hasta 2008, siendo secretario general del PP, el partido obtuvo 2,3 millones de euros en ingresos ilícitos que aparecen reflejados en los papeles de Bárcenas.

Por ello, considera que "habría tenido participación directa" en la recaudación y en la aprobación de los pagos "efectuados por el PP con el dinero ilícitamente obtenido".

Entre los nuevos empresarios para los que pide la imputación, y que de acceder el juez se sumarían a los siete ya imputados, figuran -además de López del Hierro y Moreno- Rafael Palencia, presidente de Dregemont Iberia; Lucio Moreno de Guerra, ex director general corporativo de Applus Servicios Tecnológicos; Cecilio Sánchez Martín, directivo de FCC; Camilo José Alcalá, presidente de CYOPSA-SISOCIA; José Antonio Romero Polo, administrador del grupo Romero Polo, y Antonio Pinal Gil, consejero delegado de Bruesa.

También Vicente Cotino Escrivá, administrador único de Asedes Capital y de Sedesa, y sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, al que se pide citar como testigo; Joaquin Molpeceres, del grupo Licuas; Ignacio Ugarteche, consejero delegado de Urazca Construcciones; Ramón Aigé, presidente de Sorigue-Acsa, y Pilar Pulido, ejecutiva de ADS Brokers.

IU sostiene que de la documentación aportada por Bárcenas se deduce que todos los imputados en esta causa, tanto empresarios como miembros del PP, "han venido falseando las cuentas de las entidades que administraban" con el fin de "ocultar en la contabilidad de las empresas el dinero con el que se efectuaban pagos irregulares" al tesorero de ese partido, dinero con el que después se pagaban sobresueldos a dirigentes del PP, algunos de ellos ministros.

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