El PP ocupa con sus militantes la dirección de instituciones del Estado

Nunca antes en democracia un Gobierno había acumulado tantos militantes del partido que le sustenta al frente de instituciones del Estado. Y la mayoría de esas instituciones tiene, precisamente, como objeto fundamental el control de los actos del Ejecutivo.

En algunos casos esos responsables de instituciones clave han suspendido su militancia justo antes de tomar posesión, pero por estricta exigencia legal de las normas que regulan sus cargos.

De esta forma, Soledad Becerril es la Defensora del Pueblo desde 2012, y para tomar posesión de su cargo suspendió su militancia en el PP, partido por el que fue diputada y senadora durante varias legislaturas. A diferencia de la ley que regula el Tribunal Constitucional, que no lo menciona expresamente, la del Defensor del Pueblo sí considera incompatible la militancia en partidos con el cargo. Así, el artículo 7 asegura que "la condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo; con todo cargo político o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública; con la afiliación a un partido político".

Romay pasó de tesorero del partido a presidente del Consejo de Estado

El adjunto al Defensor y exdiputado socialista, Francisco Fernández Marugán, suspendió su militancia antes de tomar posesión por esa misma razón. Y mucho antes lo hizo Enrique Múgica cuando fue nombrado Defensor del Pueblo.

Hay un matiz importante: Múgica, militante del PSOE, fue nombrado por el Gobierno del PP de José María Aznar, como muestra de respeto a la independencia de la institución y a la necesidad de no convertirla en continuidad del Ejecutivo. Es decir, nunca antes de ahora en la historia democrática este cargo había sido ocupado por un exmilitante del partido que gobierna y que le propone. Esta institución tiene como función defender a los ciudadanos frente a la Administración, en este caso gobernada por el partido al que pertenecía su titular.

Antes que ellos, fueron Defensores del Pueblo Joaquín Ruiz-Giménez, Álvaro Gil-Robles y Fernando Álvarez de Miranda. Ninguno de ellos era militante del partido que le proponía.

Un caso similar es el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene una función de árbitro y de contrapeso y control. La presidenta actual es Elvira Rodríguez, que fue ministra y diputada y dirigente del PP, partido que la propuso. El nombre de Elvira Rodríguez ha sido apuntado estos días como supuesta perceptora de dinero b del PP, según las anotaciones del extesorero Luis Bárcenas.

Becerril suspendió su militancia para ocupar el puesto y cumplir la ley

Otro ejemplo más es el del Consejo de Estado, al frente del cual está José Manuel Romay Beccaría, mentor político de Mariano Rajoy y militante del PP. De hecho, fue el tesorero del PP en sustitución de Luis Bárcenas y su nombre fue mencionado por este ante al juez como testigo de la supuesta financiación ilegal de ese partido. Tampoco antes había estado al frente de esta institución un militante del partido que le propone, aunque no hay incompatibilidad legal en este caso.

Se une a estos casos el de Francisco Pérez de los Cobos, que preside el Tribunal Constitucional y que ha admitido que era militante del PP y magistrado. Junto a él ocupa plaza también Andrés Ollero, otro caso insólito, porque es el único que ha pasado de ser diputado y dirigente de un partido a magistrado del Tribunal Constitucional. Él fue parlamentario del PP, aunque se dio de baja al llegar al Constitucional. Ahora ha resuelto sobre la constitucionalidad de leyes que votó como diputado, un caso único. Junto a ellos está también Enrique López, magistrado propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy y que colaboró activa y reiteradamente con FAES, la fundación del PP, y en su currículum oficial incluyó su participación en un acto del PP. Al Constitucional acaba de llegar hace un mes el magistrado José Antonio Xiol Ríos, propuesto por el Consejo General del Poder Judicial, y que fue citado ayer por el PP como ejemplo contrario al de Pérez de los Cobos porque fue director general de la Administración de Justicia en tiempos de Felipe González como presidente del Gobierno. El Tribunal de Cuentas está plagado de vocales militantes del PP y el PSOE, aunque deben fiscalizar la cuenta de esos partidos.