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El PSOE pregunta por la persecución a la capitán que denunció acoso sexual

También Izquierda Plural y UPyD plantean iniciativas parlamentarias sobre el caso

El PSOE, Iniciativa per Catalunya y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han llevado al Congreso la presunta persecución profesional que estaría sufriendo la capitán que denunció a un coronel por acoso sexual. En una sentencia sin precedentes, el Supremo condenó al coronel a dos años y diez meses de prisión por “abuso de autoridad” y “trato degradante” a una subordinada. Pero la condena del acosador no acabó con el calvario de la capitán, a la que un juzgado militar ha abierto diligencias por un supuesto delito de “deslealtad” castigado con hasta seis años de cárcel.

Diego López Garrido, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Defensa, ha presentado una batería de preguntas en las que no alude a las decisiones que están en manos de los tribunales, sino a las medidas que ha adoptado o piensa adoptar el Ministerio de Defensa en este caso. En concreto, se interesa por saber cuál es la situación actual de la capitán, por qué fue objeto de una evaluación profesional (IPEC) de carácter extraordinario solo cinco meses después de haber realizado la ordinaria, cómo se explica que en la primera –antes de la sentencia del coronel— obtuviera calificaciones brillantes y en la segunda “muy deficientes”; por qué no se le permitió aplazar el curso de ascenso a comandante “dadas sus circunstancias personales”; y qué ha hecho al respecto el Observatorio Militar por la Igualdad.

Aunque sin aludir al caso concreto de la capitán, la diputada de Iniciativa per Catalunya Laia Ortiz ha preguntado al Ministerio de Defensa cuantas quejas por acoso sexual, trato degradante o abuso de autoridad se han presentado por mujeres que forman parte del Ejército; cuántas condenas o sanciones disciplinarias se han impuesto por estos supuestos; y si las militares “disponen de mecanismos suficientes para, en caso de acoso sexual, poder denunciar con la tranquilidad de saberse protegidas por los mandos”. También la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Irene Lozano, ha anunciado su intención de preguntar al Gobierno por este caso.

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