El PSOE lleva el caso de las preferentes a la fiscalía del Estado, no a los tribunales

En las reuniones del plenario del Grupo Parlamentario Socialista se había constatado la inquietud de muchos diputados ante la posibilidad de que el PSOE no llevara a los tribunales la presunta estafa de la comercialización de preferentes. El debate ha concluido con la decisión de llevar el asunto al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con documentación suficiente para avalar que abra una investigación. Así no irán a los tribunales, de momento, como han hecho UPyD e Izquierda Plural, sino a la fiscalía. “La disyuntiva era entre la opción de la fiscalía o disparar contra todos los consejos de administración, cuando no todos lo han hecho mal”, explica un miembro de la dirección socialista.

La decisión se tomó en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y anunciada por la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. El propio secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, abrió el debate en la reunión de la ejecutiva y pidió opiniones sobre las diferentes vías. Ganó la vía de acudir al fiscal general y no denunciar a personas concretas, como han hecho otros partidos ante la Audiencia Nacional con los responsables de los órganos reguladores nacionales y los de las entidades financieras concretas que han comercializado ese producto.

Ante la fiscalía se denuncia “la estafa estructural” que ha supuesto esa comercialización y nadie mejor que la Fiscalía para abrir una “investigación general”, según ha opinado la portavoz socialista. Se acompañan los informes esclarecedores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sentencias que han dictado diferentes juzgados, fruto de denuncias particulares para que el fiscal interprete si valora que ha existido un “engaño estructural” a muchos ciudadanos que no fueron bien informados, cuando no “engañados”, del producto que estaban adquiriendo.

Las denuncias, tanto en la Audiencia Nacional, caso de UPyD e IU, como en la fiscalía, no son ajenas a la insatisfacción que ha producido en la oposición la solución que ha dado el Gobierno con su decreto ley, aprobado la semana pasada, por el que se establece un arbitraje. En ese pleno se produjo una situación de alta tensión cuando un grupo de afectados por la adquisición de preferentes gritó que quería su dinero y no un porcentaje del mismo convertido en acciones. Sin dilación la diputada de UPyD Irene Lozano anunció muy airada que no quedaba otro camino que el de los tribunales.

Desde las entidades financieras se anima a los ciudadanos a que acudan al arbitraje aprobado por el Gobierno aunque de momento la previsión en los tribunales es que llegue un aluvión de demandas individuales. Así, el juez decano de Vigo ha informado del acuerdo adoptado por los jueces de la ciudad para pedir refuerzos porque esperan una avalancha de demandas. Sí así se confirma y los afectados van mayoritariamente a los tribunales, la oposición se reafirmaría en su creencia de que la solución no es la adecuada, como se puso de manifiesto en la votación contraria al decreto. Solo CiU y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano apoyaron al PP.

Según ese decreto, los afectados pueden canjear sus preferentes por acciones pero con quitas importantes y, después, acudir al Fondo de Garantía de Depósitos para recibir a precio de mercado sus títulos. Además, quienes puedan demostrar que fueron víctimas de un engaño podrán acudir al arbitraje y recuperar toda su inversión. Los jueces intuyen, no obstante, que muchos acudirán a ellos en vez de al arbitraje aprobado por el Gobierno. La oposición seguirá con la presentación de iniciativas parlamentarias para que el Ejecutivo reconsidere ese decreto.