La ley que hipoteca el pasado

“Las enmiendas del Partido Popular (PP) a la iniciativa sobre los desahucios aceptan la sentencia europea, pero con la boca pequeña. Y aportan más problemas que soluciones”, reflexiona José María Fernández Seijo, el magistrado que elevó a Luxemburgo la cuestión que dio pie al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a emitir un fallo muy crítico con la legislación hipotecaria española.

El pasado martes, cuando el Grupo Popular hizo públicas sus enmiendas, Fernández Seijo debió leerlas varias veces para comprenderlas: “Incluso para un jurista es complicado porque mezcla muchas leyes. Es un corta y pega”.

El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria y será sometido a debate, pero la mayoría absoluta del PP garantiza el éxito de sus enmiendas. Está por ver hasta dónde está dispuesto a ceder el Ejecutivo ante la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del resto de partidos políticos. Pero, si la reforma prosperara como está planteada ahora mismo, ¿de qué modo afectaría a los consumidores?

María Guevara fue desahuciada en 2010. Su piso fue subastado meses después y Banesto —la entidad financiera con la que ella y su por entonces marido habían firmado en 2005 una hipoteca de 236.000 euros— lo compró por 70.000 euros (un 30% de lo que a ella le había costado). Solo unas semanas después fue vendido a otro propietario y el banco obtuvo un beneficio de 10.000 euros. Ahora, tres años después de haber perdido su casa, a Guevara le siguen reclamando unos 200.000 euros, de los que casi 50.000 son intereses. En el momento de firmar la hipoteca, ella y su marido ingresaban unos 2.400 euros al mes, aunque llegaron a pagar hasta 1.400 de hipoteca. Su esposo se quedó en paro y la abandonó. Ahora, ella cobra 1.000 euros mensuales con los que debe hacer frente a un préstamo de 500 euros y a los 300 del alquiler de una habitación en la que vive con su hija. Clama por la condonación de la deuda, pero ha obtenido una negativa detrás de otra.

Las enmiendas del PP no le afectan, puesto que bajo ningún concepto contemplan la retroactividad. Con la reforma, no obstante, Guevara habría podido mantener su piso porque los ingresos de la unidad familiar eran inferiores a tres veces al IPREM, el baremo que da derecho a entrar en el umbral de exclusión, que en 2013 está fijado en 532,51 euros. Antes de las enmiendas, el límite era del doble del IPREM. Sin embargo, la propuesta imposibilita la aplicación retroactiva, por lo que Guevara no puede acogerse a la norma. Le será imposible recuperar su casa. Esta es una de las principales críticas que hace el magistrado Fernández Seijo: “La norma no es aplicable ni sobre las 198.000 ejecuciones que ahora mismo están en tramitación ni sobre las miles de personas que ya han sido desalojadas”.

Si las enmiendas del PP prosperan tal como las presentaron el martes, los usuarios podrán saldar sus cuentas pendientes con el banco si pagan el 65% de la deuda en cinco años, o el 80% en 10 años. “Para la mayoría de los afectados afrontar esta deuda sigue siendo imposible porque es casi la totalidad del dinero reclamado”, sostiene una portavoz de la PAH.

Una de las novedades planteadas por los populares y que avala, entre otros, el magistrado Fernández Seijo es el aumento del 60% al 75% del precio mínimo por el que puede comprarse una vivienda en una subasta judicial. Hasta ahora la entidad bancaria era la que normalmente encargaba la tasación del inmueble. A partir de la aprobación de la ley, los deudores podrán presentar una valoración alternativa que prevalecerá sobre la acreditada por el banco, lo que hará que, previsiblemente, aumente el importe recaudado.

Fernández Seijo sostiene que la dación en pago es un punto fundamental que el PP no ha tocado en su propuesta, salvo para las viviendas de protección oficial, cuya deuda quedará saldada con la reentrega del inmueble a la Administración. El magistrado que desencadenó el golpe europeo a la ley hipotecaria considera que la sentencia permitía haber afrontado la reforma con mayor ambición y asegura que aplicará la normativa comunitaria hasta que la española recoja las exigencias de la Unión.