Urdangarin coloca a Camps y Barberá al borde de la imputación

Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana y diputado autonómico, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, están a un paso de ser imputados en el caso Nóos por la adjudicación a dedo de varios contratos a favor del instituto que dirigían Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres, por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006.

Como ambos políticos del PP son aforados, si el juez Castro entendiera finalmente que hay indicios suficientes contra ambos dirigentes, debería inhibirse en la parte de la investigación referida a la Comunidad Valenciana y remitir este asunto al Tribunal Superior de Justicia de esa autonomía.

La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23 de febrero, cuya transcripción adelantó ayer la edición digital de EL PAÍS, coloca a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.

Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas —los dos eventos Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin concurso público alguno.

“Me reuní en Valencia con Francisco Camps. Había una idea sobre los Juegos Europeos y les explicamos lo que se podía hacer, si había una oportunidad para llevarlos a cabo, simplemente eso”, declaró Urdangarin. El duque de Palma aseguró que no recordaba las fechas de aquella decisión pero que tras salir de la reunión con Camps empezaron a trabajar en el proyecto de los Juegos Europeos. Este proyecto nunca se llevó a efecto, pero Nóos giró a la Comunidad Valenciana facturas por 382.000 euros por una serie de estudios para su realización. Según la investigación judicial, estos documentos preliminares valían mucho menos y de hecho, la Generalitat Valenciana llegó a devolver al instituto de Urdangarin más de 100 facturas por valor de dos millones de euros.

Urdangarin también relató al juez cómo presentó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, su proyecto para organizar en esa ciudad un evento, el Valencia Summit. “Hubo reuniones en Valencia con la alcaldesa y con el señor Camps para explicarles el proyecto. En la alcaldía debió ser, o en una comida, no lo recuerdo ahora. Y con el señor Camps pues también en algún momento en su despacho o donde fuese. Les expusimos ideas para aprovechar que el evento deportivo, el America’s Cup tuviese el máximo rendimiento en Valencia (...) Le propusimos la creación de un foro de discusión donde personas multidisciplinares de distintos puntos de vista pudiesen aportar ideas, proyecto y experiencia sobre otros grandes eventos deportivos que habían existido en el mundo y que Valencia se pudiera nutrir de ese conocimiento y aplicarlo”, explicó Urdangarin. “En esas reuniones [con Camps y Barberá] se concretó la creación de un Valencia Summit, entiendo”, señaló.

Apremiado por el fiscal, el yerno del Rey acabó reconociendo que se puso a trabajar en la organización de los eventos antes incluso de que se firmase el convenio, algo que ocurrió mucho después de su reunión con Barberá y Camps, ambos del PP.

El juez Castro apuntaba en un auto del pasado 30 de enero, donde aceptaba la petición de fianza que había hecho la fiscalía, que los convenios firmados por el Gobierno valenciano con Nóos “no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarin”.

En ese auto, acusaba a la Comunidad Valenciana durante el mandato de Francisco Camps y al ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, de incurrir en “transgresiones palmarias” de la ley, y de prescindir “olímpicamente de tramitar ningún concurso público o negociado”, lo que les hacía merecedores “del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados”.

Pese al duro alegato, el juez Castro aún no ha tomado la decisión de inhibirse y enviar una pieza separada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que se impute a Camps y a Barberá, que mantienen silencio sobre estos contratos adjudicados al Instituto del yerno del Rey. El juez considera nulos de pleno derecho los convenios firmados por la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia con Nóos y asegura que los culpables de esa situación no son solamente Urdangarin y Torres, los beneficiarios del negocio. “Deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión”, remachó el juez en alusión a los dirigentes políticos.