Gallardón justifica el perdón al kamikaze por motivos de salud

Probablemente no suponía el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que la petición de indulto que llevó al Consejo de Ministros el pasado 7 de diciembre iba a provocar tanto ruido y aunar tanta resistencia. El Gobierno hizo uso de sus prerrogativas y aplicó esta medida de gracia a Ramón Jorge Ríos, que había permanecido solo 10 meses en prisión y sobre quien pesaba una condena de 13 años de cárcel por circular el 1 de diciembre de 2003 con su vehículo en dirección contraria por la autovía de Valencia y provocar la muerte del joven de 25 años José Alfredo Dolz.

El caso ha llegado hoy al Congreso de los Diputados, después de un mes de polémica que ha puesto sobre la mesa los criterios de concesión de esa medida de gracia, a través del diputado por Castellón Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos, que ha acusado al ministro de Justicia de malas prácticas. “Ustedes marcaron la pauta. ¿Por qué no quieren que los demás hagan lo que ustedes hicieron?”. Se ha producido entonces un silencio absoluto para escuchar a qué se refería Alberto Ruiz-Gallardón. El titular de Justicia ha encontrado coincidencias entre este caso y otro ocurrido en septiembre de 2011 y que terminó con la concesión de un indulto por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Dos delitos por seguridad vial, con penas de 12 y 13 años, conducción kamikaze con resultado de muerte, y en las dos alegaciones para solicitar el indulto se argumentó que tenían epilepsia”. El ministro ha confesado que tuvo “dudas”, pero el precedente en tiempos del Gobierno socialista, más la buena conducta del penado, plenamente “reintegrado social y laboralmente”, el hecho de que no conducía bajo los efectos del alcohol y la existencia de epilepsia, determinaron al ministro a conceder el indulto, según ha explicado.

Nada que ver en absoluto, según el ministro, el hecho de que el indultado haya estado asistido jurídicamente por el potente despacho de abogados Uría y Menéndez, con presencia en varios países, en el que trabajan más de 500 letrados, entre ellos, el hijo del ministro. “Señor ministro, hoy ha dado usted la versión que dio el abogado defensor del kamikaze, y ése no puede ser el papel del Gobierno en el indulto. ¿Por qué solo 10 meses de prisión? ¿Tiene algo que ver con que el despacho de abogados que le defendió está ligado a familiares suyos y dirigentes del PP? Ha sido una decisión no justa”, ha sentenciado Ximo Puig. El ministro ha entrado de cara al asunto filial y ha asegurado que en el expediente no figura en absoluto quiénes son los defensores del indultado, que desde 2003 intentaron sin éxito que su defendido no entrara en la cárcel. Fue encarcelado, pero solo durante 10 meses. El Grupo Socialista tampoco dejará el asunto.