IU abre el debate para endurecer las incompatibilidades de los políticos

Los políticos que dejen el servicio público no podrán trabajar nunca en empresas privadas que desarrollen actividades relacionadas con asuntos en los que intervinieron durante sus cargos y que fueran privatizadas en esas fechas. Tampoco podrán trabajar en empresas que se beneficien de contratos públicos de “servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual”. Con este texto, fruto de una proposición no de ley elaborada por el diputado Gaspar Llamazares, Izquierda Unida quiere provocar el debate sobre el endurecimiento de las incompatibilidades en sus condiciones y en su duración. Ahora se fijan en dos años y se pretende ampliarlas a cinco.

No hay duda de que esta proposición que acaba de registrarse en el Congreso nace de los casos de estos días, en los que diversos altos cargos del PP han pasado a la empresa privada a pesar de que no haya nada jurídicamente reprochable en sus actos. La expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y presidenta aún del Partido Popular de Madrid, ha sido contratada por una empresa de cazatalentos para niveles directivos. También el exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes, fue contratado por la empresa que ha obtenido la gestión de los análisis clínicos, que Güemes privatizó, de varios hospitales madrileños, aunque tras las enormes críticas de la oposición ha decidido declinar la oferta.

Se trata de abrir en canal la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos y toda la legislación que toque el paso de los políticos a la vida profesional privada. Como adelanto la proposición apunta que los salientes no puedan en ningún caso ofrecer a sus “clientes y empleadores consejos basados en informaciones obtenidas durante su mandato” y que no sean de dominio público. Con esta limitación, la utilidad de los políticos decrece notablemente. Otra limitación es de carácter accionarial. Así los salientes de la vida pública no podrán tener participaciones “directas o indirectas” en empresas que tengan acuerdos o contratos con empresas públicas privatizadas durante los 10 años anteriores.

A la espera de que la Diputación Permanente del Congreso vote la petición de comparecencias de miembros del Gobierno, las peticiones para que acudan no cesan, así como la presentación de iniciativas. El Grupo Parlamentario Socialista pretende que vengan al Congreso el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes del debate del estado de la nación del 20 y 21 de febrero, así como los ministros de Sanidad, ( Ana Mato ); Agricultura ( Miguel Arias Cañete ) y de Hacienda y Administraciones Públicas ( Cristobal Montoro). Este último también es demandado por Rosa Díez de UPyD por el mismo motivo que lo pide la portavoz socialista, Soraya Rodríguez. Se trata de que el titular de Hacienda ofrezca información de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal. La dirigente de UPyD exige que los beneficiarios del perdón fiscal puedan ser investigados por los inspectores de la AgenciaTributaria, al objeto de dilucidar si los fondos regularizados tienen un origen oscuro y, por tanto, inconfesable. La Fiscalía debe actuar, pide Rosa Díez, para determinar si ha habido blanqueo de capitales, dinero procedente de la droga “ o de la corrupción política”.