El Consejo Fiscal aplaza su informe crítico con la reforma del Código Penal
Torres-Dulce cuestiona la custodia de seguridad y la prisión permanente Asociaciones de jueces, fiscales, y abogados han presentado un manifiesto contra las reformas
El Consejo Fiscal, órgano de representación del ministerio fiscal, ha aplazado al lunes su informe crítico con el anteproyecto de ley orgánica del Código Penal de Alberto Ruiz Gallardón. El informe, elaborado por la Fiscalía General del Estado, cuestiona las novedosas medidas de custodia de seguridad y de prisión permanente revisable, según ha informado la cadena SER y supone un nuevo revés para el ministro de Justicia, que en seis meses se ha puesto en contra a todo el sector judicial: precisamente hoy, todas las asociaciones de jueces, fiscales y los abogados han presentado un manifiesto en contra de sus reformas. Mañana saldrán a protestar a las puertas de los juzgados de toda España.
Según han informado a Efe fuentes fiscales, el debate sobre este asunto se ha iniciado en la reunión que el Consejo ha mantenido a lo largo del día de hoy, pero dada la extensión de las deliberaciones, esta noche se ha decidido continuar con este asunto en una próxima reunión que se celebrará el lunes 17.
El texto elaborado por la institución que dirige Eduardo Torres-Dulce considera que la reforma del Código Penal adolece de falta de concreción, lo que crea inseguridad jurídica. Y carga contra la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad. Sobre esta última figura, que permitiría mantener en prisión un máximo de 10 años al preso, una vez cumplida su condena, la secretaría general técnica de la Fiscalía General dice que le suscita "dudas" y que la enumeración de delitos que la llevan aparejada es "inconcreta", lo que parece "poco compatible con una medida que supone una privación de un bien jurídico tan importante como la libertad".
"La intromisión que la custodia de seguridad supone en el ámbito de los derechos fundamentales del penado debe obligar al legislador a extremar el conjunto de garantías que sirvan de contrapeso al poder estatal", añade el texto, de 300 páginas que va a estudiar hoy el Consejo Fiscal. El órgano del Ministerio Fiscal asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado (está presidido por este e integrado por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías). El resultado de las deliberaciones del Consejo Fiscal no es vinculante para el Gobierno.
El Consejo Fiscal estudiará también hoy la decisión del fiscal jefe de Cataluña de abrir diligencias contra El Mundo por la publicación del informe policial sobre Artur Mas y Jordi Pujol, que no apoyó el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce. Interior ha vuelto a enredar recientemente con ese informe: Asuntos Internos, que debería investigar la filtración, ha vuelto a elaborar unas conclusiones que corresponden a la policía judicial.
Gallardón ha incendiado al sector judicial. Este martes, jueces, fiscales, abogados y una parte de los secretarios judiciales —es decir, prácticamente todos los cuerpos profesionales que entran en juego en la Administración de justicia—, además de sindicatos y organizaciones de consumidores, han participado en un acto público conjunto, y para mañana, 12 de diciembre, han convocado un paro de una hora en los juzgados de toda España.
Amenazan con huelga, en enero —sería la segunda de la democracia, tras la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en 2009—, si el ministerio no accede a sus reclamaciones.
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