El 62% cree que las nuevas tasas llevan a una justicia de ricos y otra de pobres

El rechazo ciudadano a la nueva ley de tasas es generalizado. La medida la desaprueban tanto los votantes del PSOE como los del PP. Así queda reflejado en una encuesta elaborada por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía. Para dos de cada tres, no exageran quienes apuntan que esta norma va a dar lugar a una justicia de ricos y otra de pobres, y que el peso de estas tasas recaerá sobre las clases medias. El 84% considera que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva que establece la Constitución y por tanto deben ser recurridas ante el Tribunal Constitucional “lo antes posible”.

“No sé por qué el ministro está enrocado en no reconocer algo patente”, ha señalado el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, durante la presentación del estudio hoy al mediodía. El encargado de dar a conocer los datos ha sido el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, quien ha asegurado que le ha llamado la atención el “altísimo índice de respuesta”. “Los medios de comunicación han dado una información que ha calado en la ciudadanía”, ha resaltado.

Carnicer pide a Gallardón que “no vuelva a invocar que esta es una cuestión corporativa que no importa a los ciudadanos”

La iniciativa del Ejecutivo ha sido criticada por partidos de la oposición, pero también por profesionales del derecho, sindicatos y asociaciones de consumidores. Se ha cuestionado su constitucionalidad y los socialistas ya han anunciado que interpondrán un recurso. Ahora, este sondeo, elaborado a partir de 1.000 entrevistas telefónicas realizadas el pasado lunes, cuantifica el descontento de los ciudadanos. El 90% critica que el Ministerio de Justicia no haya buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la aprobación urgente de la ley. “Pocas veces en mi vida había visto un porcentaje tan abrumador”, ha comentado el presidente de la empresa demoscópica.

El 83% de los encuestados opina que con este modelo el ciudadano medio se va a sentir menos protegido que antes por la justicia y más alejado de ella. La mayoría no cree que gracias a esta medida el sistema judicial vaya a funcionar mejor (68%) ni que se vayan a lograr ingresos adicionales que permitan financiar mejor la justicia gratuita (89%). Para el 84%, el Estado tiene la obligación de pagar dicha justicia gratuita a través de los Presupuestos Generales y no mediante tasas como estas. La opinión generalizada es que no hay razones que justifiquen esta decisión.

A tenor de los datos, Toharia ha concluido que “difícilmente se puede sostener que en este tema no haya un clamor popular”, ante lo que Carnicer le ha pedido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que “no vuelva a invocar que esta es una cuestión corporativa que no importa a los ciudadanos”. “Si nuestra Constitución establece una tutela judicial efectiva, ponerle cualquier tipo de obstáculos es inconstitucional”, ha continuado, para posteriormente reconocer que en momentos de crisis se podría aceptar por ejemplo una tasa “testimonial” para la segunda instancia. “Pero las cuantías de estas tasas están hechas para impedir el acceso a los tribunales”, ha lamentado.

Ante quienes acusan a los abogados de estar en contra de la norma porque repercutirá en su actividad, el presidente del consejo ha respondido que “sin duda” habrá clientes que, informados de las tasas, no puedan pagarlas, lo que ha calificado de “efecto perverso” de la propia ley: “Al cliente habrá que decirle que tenga el dinero preparado porque en cualquier momento el proceso se puede ver perjudicado y si en los días para recurrir no tenemos la cantidad, habrá perdido el derecho”. Toharia ha agregado que un estudio anterior puso de manifiesto que el 70% de los abogados no vive de la litigación. “Aprovecho para revocar que somos los abogados los que alargamos los procesos. Un abogado solo puede poner los recursos que la ley le permite”, ha defendido Carnicer.

El Consejo General de la Abogacía ha planteado una serie de acciones para seguir protestando por esta nueva medida. Además de poner a disposición de los letrados formularios para que pidan a los juzgados que planteen la cuestión de inconstitucionalidad, ha creado una plataforma junto a operadores jurídicos, sindicatos y asociaciones de consumidores. Esta mantendrá su primera reunión el lunes. Carnicer ha avanzado que el martes se celebrará otro encuentro con “otros operadores para aunar voluntades”: “Seguiremos pidiendo que esta ley sea derogada o como poco se reduzca muchísimo y se dejen exentos muchos casos”. Igualmente se plantean facilitar al Gobierno "la estructura de una nueva administración de justicia". Su objetivo no es únicamente la eliminación de la ley de tasas, "hay más cosas que sugieren que hay dificultades para atender los problemas".