Gallardón descoloca a Interior al apoyar al fiscal en el ‘caso Bolinaga’

Dos días después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tratara de zanjar con su apoyo al Ministerio del Interior la división interna en el PP sobre el caso Bolinaga —la excarcelación del preso etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, asesino de tres guardias civiles, secuestrador de José Antonio Ortega Lara y hoy enfermo grave de cáncer—, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, complicó ayer un poco más la situación con un ejercicio de ambigüedad. Ruiz-Gallardón reiteró su respaldo a Interior —el ministerio que concedió el tercer grado al etarra, paso previo a la excarcelación—, pero al mismo tiempo afirmó que su departamento “apoya” el recurso presentado ayer por la fiscalía contra el auto judicial que dicta la libertad condicional del etarra. Aparentemente, ese apoyo al fiscal implica rechazar la excarcelación, justo lo contrario de lo que pretendía Interior con el tercer grado.

Fuentes de este último ministerio mostraron su extrañeza por la actitud de Justicia en un momento en el que Rajoy intenta cerrar filas para frenar a un sector del PP —encabezado por el exministro Jaime Mayor Oreja y la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre— opuesto frontalmente a la posibilidad de excarcelar al etarra. Aguirre avisó ayer mismo de que el caso Bolinaga está generando “mucho descontento entre el electorado del PP”, a mes y medio de las elecciones vascas y gallegas. “Es cierto que Gallardón ha mostrado su apoyo a Interior, pero ese respaldo tan claro a la fiscalía... Lo podía haber evitado”, lamentan dichas fuentes. El ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz guardó silencio sobre el recurso.

Gallardón —que comparecía tras reunirse con el consejero andaluz de Justicia— empezó diciendo que la fiscalía ha tomado la decisión de recurrir en ejercicio de “su autonomía”. “Y desde Justicia, como siempre, apoyamos las decisiones que adopta el ministerio fiscal”, añadió; en realidad, Gallardón no suele dar o retirar su apoyo a las decisiones de la fiscalía, habitualmente se limita a mostrar su “respeto”, precisamente para preservar la autonomía.

Después, el ministro explicó que el recurso del fiscal tiene dos partes: en la primera se pide la nulidad del procedimiento porque el juez José Luis Castro, el magistrado de la Audiencia Nacional que dictó la libertad condicional el 30 de agosto, lo hizo tras “excluir” a la fiscalía de una “diligencia fundamental”: la visita al preso enfermo en el hospital de San Sebastián. En ese punto, dijo Gallardón, no hay duda: la fiscalía tiene razón y hay que apoyarla.

Y luego está la segunda parte del recurso, donde el fiscal opina sobre si se cumplen o no los requisitos para excarcelar a Uribetxeberria. Ahí, el ministro de Justicia subrayó hasta cuatro veces que la propia fiscalía reconoce “la legalidad de las medidas adoptadas por Interior” y que solo cuestiona las tomadas por el juez. “El recurso establece que, en la actuación de Interior, esto es, el otorgamiento del tercer grado, sí se daban los requisitos. Requisitos que, a juicio de la fiscalía, no se daban en la decisión de otorgarle la libertad por parte del juez”, afirmó el titular de Justicia. Porque la excarcelación, remarcó, “no fue administrativa [decisión del Gobierno], sino judicial”. Él “apoya” el recurso, pero no respondió a la pregunta de si rechaza la excarcelación.

En cualquier caso, en su tesis de que tercer grado y libertad condicional son cosas distintas, Gallardón obvió que el tercer grado lo dictó Interior el 17 de agosto “por razones humanitarias” y fue seguido de una propuesta al juez para que concediera la libertad condicional, de modo que el etarra —a quien los médicos dan meses de vida— no muera en prisión.

Fuentes de Justicia subrayan que el apoyo de Gallardón al recurso de la fiscalía no entra en el asunto de fondo, sino que es fundamentalmente por el aspecto procedimental: que el fiscal no estuvo presente en la visita a Uribetxeberria en el hospital. Pero Gallardón no hizo esa distinción durante la rueda de prensa, aunque se le preguntó expresamente.

Sí fue inesperada su ambigüedad porque hace solo tres días, en Abc Punto Radio, había dicho sobre el tercer grado al etarra: “Hay decisiones que, por mucho que nos repugnen, no son discrecionales del Gobierno. La ley tiene que ser aplicada, nos guste o no, precisamente para demostrar que nosotros no somos como aquellos que vulneran los derechos contemplados por la Constitución. Esa es la grandeza del Estado de derecho”. Aparentemente, por tanto, apoyaba la excarcelación del preso por razones humanitarias. Ayer no quiso decir eso.