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Un juez procesa a una banda que robó 600 casas maltrataba a mujeres y niños

El juez afirma que la red “alquilaba” mujeres y niños para allanamientos

Francisca T. C. apenas se ausentó un rato al mediodía de su casa, en un cuarto piso de la madrileña calle de los Hermanos de Pablos y, a la vuelta, la encontró desvalijada. Los cajones del dormitorio estaban patas arriba y las joyas, esfumadas. Su casa es una de las 600 robadas en los últimos años en diferentes ciudades españolas y portuguesas por una banda a la que un juez de Madrid acaba de procesar, en un auto que ocupa 29 folios: 101 personas, la mayoría provenientes de la antigua Yugoslavia. Les imputa asociación ilícita, receptación, falsificación y robos de joyas y dinero. La base de operaciones de esta extensa red estaba en el madrileño poblado chabolista de la Cañada Real, en conexión con otros jefes de la banda radicados en diferentes localidades madrileñas y en Tarragona. Era una de las bandas más activas y dañinas del país.

Las pesquisas que recoge el auto nacen el 30 de marzo de 2009. Dos mujeres de origen croata, Daniela Radulovic y Madona Stancovic, fueron detenidas en Madrid. Ese día habían robado “en una pluralidad de domicilios ubicados en el número 75 de la calle de los Hermanos García Noblejas”. Una vecina las vio introducir láminas recuadradas de plástico duro en cerraduras de casas. Al ser detenidas, iban cargadas de joyas. Días antes habían sido vistas robando en otras viviendas.

La policía sospechó que pertenecían a una amplísima red dedicada a asaltar vivienda habitadas. Ellas sólo eran el eslabón más bajo. “Del resultado de las escuchas telefónicas y seguimientos policiales”, señala el juez en su auto, “(…) se han conseguido datos suficientes para intentar esclarecer, hasta el momento, más de 400 robos con fuerza en España y otros 200 en Portugal, siempre con el mismo método: el resbalón” [abrir la cerradura introduciendo el plástico duro o bien rompiéndola con destornilladores].

El método de trabajo era el siguiente: tres personas solían participar en cada robo. Casi siempre dos mujeres o menores, y un hombre, que esperaba fuera al volante de un coche. Entraban en un bloque y esperaban a que alguien saliera de su casa. Atentas a si echaban la llave a la puerta o no. Antes de usar el plástico llamaban insistentemente al timbre. Por si había alguien dentro. Los cajones del dormitorio eran el primer sitio en que buscaban, siempre según el auto del magistrado Santiago Torres.

Hasta seis pisos podían limpiar a diario. “Tales hechos”, razona el juez, “se producían gracias a una estructura criminal jerarquizada (…) Por encima de estos grupos operativos (de dos o tres personas), había un segundo nivel, constituido por personas encargadas de proporcionar vehículos, recoger los efectos sustraídos y facilitar la fuga”.

El tercer nivel de la trama se encargaba de dar salida y vender en el mercado negro las joyas robadas, “bien en tiendas de compraventa de oro, mediante su exportación al extranjero o bien permutando parte de los robado por vehículos de alta gama o inmuebles”. El escalón supremo de la trama estaba en Tarragona. Los jefes se encargaban desde allí de blanquear los objetos robados. “Todos los grupos son interactivos, entrecruzados por vínculos étnicos y/o familiares, operando bajo la norma de la supeditación de la mujer al hombre, y de los hijos al padre varón, que ejercía de patriarca”, señala el juez. Y añade: “Las mujeres y los hijos más jóvenes serían los que se introducían en las casas, por su mayor habilidad y constitución física, estableciéndose incluso relaciones de alquiler o hasta compra/permuta de mujeres y niños entre los grupos familiares para que se dedicasen a los robos”.

Según el juez, el poder de los maridos sobre sus esposas e hijos era absoluto. Por ejemplo, uno de los imputados, Branko Marin, llegó a “propinar fuertes palizas a su mujer y dos hijos, incluso con cinturones de cuero, para obligarle a realizar robos”. También les golpeaba cuando la policía les detenía “o no sustraían lo que él consideraba que tenían que robar”.

Para huir de las casas se servían de coches que ponían a nombre de testaferros, a los que pagaban 50 euros cada vez que se prestaban a ello. Jorge Hidalgo Diago, otro de los imputados, tuvo hasta 36 vehículos a su nombre. Más de 23 kilos en joyas intervino la policía en los 19 registros practicados. Uno de los cabecillas en Madrid del entramado era Milorad Nicolic, Buda y Franco. Muchas joyas aparecieron enterradas en jardines o escondidas en los dobles fondos de las autocaravanas que la red utilizaba para desplazarse para robar. Los cabecillas de la trama están en prisión.

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