La hermana de la Princesa, espiada por traficantes de datos

Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, fue víctima de una enorme red de venta de datos confidenciales que fue desarticulada por la policía a lo largo del pasado mayo. En la Operación Pitiusa, dirigida por la sección de Seguridad Privada de la Jefatura de Policía de Barcelona, han sido detenidas hasta ahora más de 150 personas, entre las que hay numerosos detectives privados, policías, guardias civiles, mossos d’esquadra, funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social, altos directivos de varias empresas de telefonía móvil y abogados de importantes bufetes de Barcelona y Madrid, según fuentes policiales. En el entramado había un hacker, que a veces ha trabajado para el CNI, que era capaz de penetrar fácilmente en el correo electrónico de cualquier persona (previo pago, claro), sin ningún escrúpulo.

Entre los perjudicados por esta actividad ilícita de comercio de información privada está Telma Ortiz, cuyos datos sobre su vida laboral fueron vendidos a un detective privado, según publica en su último número la revista Interviú. Según las fuentes informantes de EL PAÍS, fue una empleada pública de Barcelona la que extrajo todos esos datos sobre el sueldo y demás circunstancias laborales de la hermana de la Princesa con destino a facilitárselos a una televisión interesada en airearlos.

Telma Ortiz se ha quejado reiteradamente del acoso a que está sometida por parte de determinados medios de información. Por eso, llegó a pedir a un juez de Toledo, en mayo de 2008, que prohibiera a 57 medios de información “captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir” su imagen o la de su hija. El juez rechazó su petición.

Otro de los espiados por esta extensa organización fue Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. López del Hierro y otros cuatro consejeros de la empresa Neoris fueron grabados y espiados mientras almorzaban en septiembre del año pasado en un restaurante madrileño, según fuentes de la investigación.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2011, cuando la policía supo que un exdetective privado, que en la actualidad es policía local en Santa María de Palautordera (Barcelona), estaba supuestamente vendiendo datos de coches, DNI, antecedentes policiales, etcétera.

Las pesquisas desarrolladas durante más de un año confirmaron la existencia de una red, una especie de telaraña dispersa por toda España. Por algunas de las informaciones cobraba entre 30.000 y 40.000 euros. Un informe sacado de la Seguridad Social o de Hacienda costaba hasta 8.000 euros. Un informe médico sobre una persona valía 800 euros, mientras que la banda pagaba 40 euros al policía que le facilitara los datos de un DNI.

En algunos casos, la compra de información confidencial estaba destinada a extorsionar a los afectados, entre los que hay desde directivos de importantes multinacionales como Unilever hasta simples trabajadores.

La banda tenía ramificaciones en Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Asturias, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y la Comunidad Valenciana.