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El bicentenario del Supremo se torna en el ‘funeral político’ de Dívar

El presidente del Supremo desecha aludir a su despedida en su discurso

El Príncipe sustituye al Rey en el acto

Afortunadamente, un bicentenario se celebra cada 200 años porque otro como el de ayer sería imposible de digerir antes. La que iba a ser una conmemoración histórica pasará, en efecto, a la historia como la ceremonia más fría, desangelada, deslucida y de circunstancias de todos los actos solemnes que se celebran en el palacio del Tribunal Supremo.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, asistió así a su funeral político, consciente de las miradas de soslayo, de las distancias de los corrillos, de la brevedad de los saludos y de la tibieza de los aplausos a su discurso, que no todos secundaron ni siquiera por cortesía. El paso, en ocasiones vacilante, y el temblor de las manos al leer el discurso denotaban el trago que estaba pasando.

Dívar pronunció un discurso sin la más mínima alusión ni a su inminente despedida ni tampoco al santoral. Divagó sobre el significado de los 200 años de la Constitución de Cádiz, entre los gritos y pitidos que se filtraban desde la calle. Un grupo de funcionarios, reducido pero muy ruidoso, congregado ante la puerta del Tribunal Superior de Madrid, en una calle lateral del Supremo, comenzó protestando por los recortes y acabó profiriendo gritos de “Dívar, dimite, Justicia no te admite”, que se filtraron hasta el salón de plenos. Fuentes del Supremo habían advertido que al convocar el pleno extraordinario para el jueves 21 había quedado en aludir tenuemente a su despedida en el discurso de ayer, pero debió reconsiderarlo.

Tampoco se vio cómodo al Príncipe, investido con toga, Toisón de oro y el Gran Collar de la Justicia que utiliza el Rey cuando preside actos en el Supremo. Abrevió su intervención, de apenas un folio, recibió un libro conmemorativo y desapareció un cuarto de hora después de iniciado el cóctel. Dívar bajó a acompañarle y ya no regresó al salón de plenos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y muchos otros aprovecharon la coyuntura y desaparecieron también. Solo el fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, permaneció en el salón departiendo con presidentes de Sala del Supremo, magistrados, fiscales y vocales del Poder judicial.

En los corrillos el tema inicial no eran los presentes, sino los ausentes: José Manuel Gómez Benítez, el vocal que precipitó la situación al denunciar en la fiscalía los viajes de Dívar, y Margarita Robles, la encarnizada perseguidora del presidente. Alguno de sus compañeros justificaba su ausencia no sin cierto veneno: “Margarita solo viene a estos actos cuando es la madrina”. Frente a los rumores de un conato de plante de consejeros y magistrados opuestos a Dívar, los vocales Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz, que se han distinguido en su oposición al presidente, estuvieron en el acto.

Socavar el Poder Judicial

La única mención lejana a la situación por la que atraviesa el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, hubo que buscarla entre líneas en su discurso: “Un Estado que socave la posición institucional del Poder Judicial dificulta o hace inexistente el Estado de derecho”, dijo.

El discurso, netamente institucional, no dio para mucho más, al margen de una referencia que iba dirigida al Rey en el sentido de que el Tribunal Supremo celebraba su 200º aniversario “en un ambiente de poder judicial” y no como la “Administración de justicia” que ha sido en otros periodos de la historia. Dívar agradeció su presencia al Príncipe de Asturias tras recordar que el Rey había tenido que “ausentarse” a un funeral en Arabia Saudí. El Príncipe, por su parte, destacó la importancia de la independencia del Tribunal Supremo para la separación de poderes y expresó su deseo de que el acto de reflexión que ofrece el Bicentenario contribuya a “seguir perfeccionando” lo mejor del legado de las Cortes de Cádiz.

Los vocales renunciaron en general a alimentar la lista de nombres que pueden sustituir a Dívar, pero desvelaron alguna operación casi desesperada: algunos magistrados del Supremo intentaron proponer como candidato al expresidente del alto tribunal Javier Delgado Barrio, magistrado del Tribunal Constitucional, para que presidiese el Supremo como figura de prestigio durante un año, aunque este no se ha prestado. Delgado Barrio, de 80 años, que tenía que haber sido relevado en el Constitucional hace año y medio, no pudo ser localizado ayer pero hace unos días manifestó a EL PAÍS que anhelaba el momento de la renovación para retirarse de la judicatura después de 53 años de servicios.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial también se mostraron cautos sobre el futuro de la institución, y en especial sobre el posible resultado de la elección del nuevo presidente, una vez que todos coinciden en que Dívar dimitirá en el pleno del próximo jueves. Sin apostar abiertamente por la bicefalia, no dejaban de recordar que si a veces han llegado a tardar hasta tres años en ocupar la vacante de un magistrado del Supremo, cubrir la del presidente de la institución para un año y con el ambiente que se respira en el Consejo del Poder Judicial puede no ser fácil.

Por otra parte, la consejera del Poder Judicial Margarita Uría confirmó que desde el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy se había telefoneado a dirigentes del PNV para que ella apoyase la continuidad de Dívar al frente de la institución durante unos meses. Uría se mostró muy molesta por que las presiones se hubieran intentado ante dirigentes de su partido. La vocal propuesta por el PNV aludió irónicamente a las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que recientemente había puesto al Consejo del Poder Judicial como ejemplo de “órgano fuera del control del Ejecutivo” cuando “no solo están llamando, sino que llaman para que llamen otros”. Fuentes del CGPJ indicaron que Uría se ha quejado de que la llamada al PNV había partido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

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