El hombre que denunció a su presidente

José Manuel Gómez Benítez (Jaca, 1950) no es un hombre tibio. Y no es la primera vez que lo demuestra. Es catedrático y director de la Cátedra de Derecho Penal Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III y, antes de formar parte del Poder Judicial, compaginó su labor docente con el ejercicio de la abogacía en casos como el de la colza, en el que defendió a 2.500 afectados. También ha sido abogado de Baltasar Garzón y del PSOE, cuyo Gobierno le designó como uno de los tres interlocutores en las conversaciones con ETA.

Tampoco es la primera vez que provoca una fractura en el Consejo General del Poder Judicial, del que fue elegido vocal en 2008, a propuesta del PSOE, tras el pacto alcanzado por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. “Su currículum le avala para ser un excelente vocal del Consejo”, dijo de él el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo.

Gómez Benítez logró cambiar el sistema de elección de cargos pero no consiguió transparencia para las sanciones a los jueces

Pero Gómez Benítez no atiende a votaciones en bloque ni a directrices y hace dos años denunció el sistema de nombramientos para los puestos con más poder en la administración de justicia, el Tribunal Supremo, las presidencias de audiencias y las presidencias de los tribunales superiores. Criticó el intercambio de cromos con el que el sector progresista y el conservador colocaban a candidatos de las asociaciones a las que pertenecen, lo que dejaba a la mitad de los 4.500 jueces que trabajan en España con escasas posibilidades de ocupar altos cargos en la administración de Justicia. La bronca llegó al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, cuyo reproche fue el haber “ventilado” los asuntos del Poder judicial fuera del órgano, es decir, que la sociedad se enterara de lo que estaba pasando allí dentro. Gómez Benítez llegó a presentar su dimisión de la comisión en la que se trataban los nombramientos pero el Consejo le impuso su continuidad. En cualquier caso, logró un cambio en el reglamento.

El sistema de elección de cargos en la administración de justicia no ha sido su única propuesta en una institución acusada de estar politizada y, pese a su independencia, a merced de las decisiones de los partidos políticos que proponen a sus miembros. Instando a la transparencia informativa, propuso también un cambio en materia disciplinaria con la que pretendió que se hicieran públicas las sanciones impuestas a jueces y magistrados. En esa ocasión, perdió.

Tampoco logró, hace poco más de dos meses, sacar adelante un plan para moderar los gastos por viajes en el Consejo General del Poder Judicial que, durante el último año, se elevaron a casi medio millón de euros. Fue el preludio de la tormenta que llegaría después con la denuncia contra “su” presidente, Carlos Dívar, por malversación. La que presentó tras intentar que Dívar admitiera un abuso en los viajes y tras tratar de que explicara muchos de ellos, cargados al erario público pero realizados durante fines de semana largos, entre jueves y martes, la que tristemente llegó a conocerse por el nombre que se le daba en el propio consejo, la semana caribeña.

A Gómez Benítez se le achaca haber actuado contra Dívar por su amistad con Garzón y después de que el Supremo inhabilitara al juez y le expulsara de la carrera judicial, condenado por las escuchas de Gürtel. Pero el hecho es que 14 de los 20 miembros del pleno del CGPJ han calificado de "insostenible" la situación a la que, tras la denuncia, ha sometido el propio Dívar al Poder Judicial, hasta el punto de anunciar, para el jueves, una decisión “contundente”.