“Los hechos son incompatibles con los principios de transparencia y austeridad”

La petición de dimisión del presidente del CGPJ que como Vocales de dicho órgano constitucional suscribimos tiene varias razones.

En primer lugar, queremos poner de manifiesto que nuestra solicitud de Pleno Extraordinario se presentó una vez terminada la deliberación y conocida la decisión de la Sala II del Tribunal Supremo. De esta forma hemos respetado la alta función atribuida a dicho órgano y evitado una intromisión en el proceso deliberativo de la Sala.

Tras la decisión de la Sala II del Tribunal Supremo, que por lo demás es ajena a lo que aquí y ahora se somete a debate, entendemos que los hechos acaecidos son incompatibles con los principios de transparencia y austeridad exigibles a todo responsable público; principios que este Consejo ha venido proclamando desde el inicio de su mandato.

Los datos que han trascendido y que aparecen documentados poco o nada tienen que ver con las funciones que el Sr. Dívar tiene encomendadas.

Por otra parte, las explicaciones dadas por el Presidente hasta la fecha son insuficientes.

La naturaleza de los hechos ha acarreado la percepción pública de abuso y arbitrariedad en la utilización de recursos públicos y ha menoscabado la imagen pública de la Justicia ante la ciudadanía, ocasionando un extraordinario perjuicio a los hombres y mujeres que sirven a la Carrera judicial, frecuentemente en condiciones muy difíciles, con dedicación y honradez. Ello ha menoscabado la necesaria confianza de la sociedad en el sistema de justicia como fuente esencial de su legitimidad.

El Sr. Dívar además de presidente de un órgano político como el CGPJ lo es también del Tribunal Supremo, vértice jurisdiccional. Esta doble condición le obligaba, y le sigue obligando, de manera especialmente intensa a comportarse conforme a los valores de lealtad, integridad, dignidad y honor.

Mandatos éticos que se proyectan, entre otras, "en la obligación, tanto en el ámbito profesional como en el personal, de velar por no poner en entredicho su imagen o la imagen del sistema judicial en general"- según señala la Declaración de Londres de 2010, sobre Deontología Judicial suscrita por el CGPJ.

La responsabilidad es el contrapeso del ejercicio del poder en todo sistema constitucional avanzado. Ejercicio que debe nutrirse no solo de formas y apariencias sino también de fondos éticos, de valores deontológicos sólidos, de ejemplaridad.

Todo ello nos lleva, en el terreno de las responsabilidades políticas, a pedir la inmediata dimisión del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, con la finalidad de restituir el clima de compromiso necesario para continuar sirviendo a la sociedad.

La mínima demora en su dimisión impide la recuperación de la confianza social en la justicia.

Felix V. Azón Villas, Carles Cruz, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles son vocales del Consejo General del Poder Judicial.