La fiscalía estudiará considerar los actos de ETA crímenes de lesa humanidad

Torres-Dulce se reúne en la sede del Ministerio Público con la víctima Ramona Garrido y el experto en derecho internacional Angel Rodríguez

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha comprometido este martes a abrir diligencias informativas previas sobre la posibilidad de aplicar a las acciones de ETA la figura de crímenes contra la humanidad por lo que no podrían ser declarados prescritos.

Se trata de una petición que le ha formulado durante una reunión celebrada esta mañana en la sede del Ministerio Público la víctima de ETA Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por la banda en 1981 en un crimen que precisamente fue declarado prescrito en 2009.

Según ha informado el abogado de Garrido, el fiscal general del Estado ha calificado como "novedosa" la argumentación expuesta, si bien ha admitido que se trata de una cuestión de complejidad que hay que estudiar. Por ello se ha comprometido a abrir esas diligencias informativas sobre la cuestión y al término de las mismas le comunicará a Garrido la postura de la fiscalía. Esta víctima de ETA está representada por el experto en derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez, quien ha facilitado a Torres-Dulce un estudio jurídico sobre los crímenes de la banda en el que se sostiene su carácter de lesa humanidad en el contexto de una persecución.

Le han recordado al fiscal general que España firmó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en 1979 el Convenio Europeo de Derechos humanos. Ambos textos establecen la obligación de aplicar el Estatuto de Londres de la Corte Penal Internacional de Nuremberg de 1945 a los crímenes contra la humanidad. "España firmó ambos textos sin formular reserva u oposición ninguna", le ha explicado Rodríguez, quien además se ha comprometido a facilitar a la fiscalía más información sobre esta materia.

Garrido ha defendido en la reunión que su marido fue asesinado por ETA cuatro años después de la firma de esos tratados internacionales y posteriormente la banda mató a otras 792 víctimas además de las miles de personas aún a falta de investigar sobre las que los terroristas han desarrollado crímenes de persecución. "No puede ser que el crimen contra Latiegui sea considerado prescrito cuando se comete cuatro años después de que España firmase un tratado que define estos crímenes como imprescriptibles", defienden.

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