El Supremo confirma las penas a tres presos que secuestraron a funcionarios

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas a tres reclusos del Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona que secuestraron a tres funcionarios, les maniataron y amenazaron de muerte con unos pinchos que les colocaron en el cuello hasta que pudieron ser rescatados por sus compañeros.

La Audiencia de Barcelona condenó a 17 años y seis meses de prisión a José Antonio Romero Amador y Manuel Granero Rubio por tres delitos de detenciones ilegales y dos delitos de lesiones (cinco años por cada detención ilegal y seis meses por cada delito de lesiones) y a 16 años a José Luis Romero Pérez, por los mismos delitos que los anteriores pero al que aplicaron una circunstancia atenuante.

El 4 de febrero de 2007, los tres reclusos, puestos previamente de acuerdo, se abalanzaron sobre los funcionarios, inmovilizándoles por el cuello con un brazo y colocándoles objetos punzantes en la garganta. Les condujeron a una zona separada por una reja de seguridad y les maniataron con cinturones de albornoz y cordones de zapatos.

Al llegar otros funcionarios al otro lado de la cancela, los reclusos exigieron un teléfono móvil, aumentaron la presión de los pinchos sobre las gargantas de los funcionarios y reiteraron su intención de matarles si no se obedecían su indicaciones.

Ante la violencia exhibida, se les entregó un teléfono móvil desde el que hicieron una llamada exigiendo que a un interlocutor del que no se tiene constancia que fuera inmediatamente porque tenían reivindicaciones que hacer, de lo contrario ejecutarían a los rehenes.

Sin embargo, el secuestro acabó cuando, dos de los secuestradores se enzarzaron a golpes con otro recluso en el interior de su celda, momento que fue aprovechado por los funcionarios que se encontraban al otro lado de la reja para abrirla reja y rescatar a sus compañeros. En total, el secuestro se prolongó entre 20 y 30 minutos.

A la vista de la abundancia de testimonios y pruebas, el Supremo ha rechazado todos los recursos de casación de los presos y confirmado las condenas.