El conductor de Guerrero amplía el abanico de implicados en los ERE

La explosiva declaración en el caso de los ERE de Juan Francisco Trujillo, exchófer del antiguo director general de Trabajo Javier Guerrero, antes de su ingreso en prisión provisional en la madrugada de ayer elevará la cifra de imputados. La ristra de tropelías que supuestamente cometió Trujillo implica al menos a otras siete personas que colaboraron con él y que hasta ayer permanecían ajenas al caso, además de sumar graves delitos a otros tres acusados. La causa acumula 52 imputados de momento.

Si Trujillo compareció acusado de 11 delitos, 15 horas después fue enviado a prisión por 22. La juez Mercedes Alaya le sumó nuevos delitos de cohecho y otros de falsedad que implican a empresarios, entre ellos Manuel Pérez y Francisco Casado. La conclusión del sorprendente testimonio de Trujillo es que ha salido a relucir una parte del círculo corrupto que rodeó a Guerrero durante sus peores años. Fueron frases que sonaban a confesiones porque denotaban un delito tras otro sin que su abogado interviniera ni le frenara.

El exchófer relató un abusivo consumo de cocaína durante tres años entre él y Guerrero (hasta cinco gramos diarios cada uno, una cantidad inasumible, por 25.000 euros al mes) y descubrió a uno de sus camellos, G. Martínez, cuyos padres poseen un hotel que Guerrero premió con una ayuda directa de 900.000 euros.

En su extenso relato, el exconductor contó a la juez cómo subió a recoger dos sobres de “más de dos dedos de grosor y menos de tres” con “billetes que se notaban grandes” y que le entregó el exdirector comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, ya imputado en la causa. Trujillo recogió esos sobres y le entregó el dinero a Guerrero.

Tras su declaración, ayer el PP pidió a la juez la detención inmediata de Albarracín por el riesgo de fuga. Mientras, el exdirectivo de Vitalia se ha limitado a pedir a Alaya que retire su imputación.

Vitalia realizó durante años un negocio redondo con la Junta de Andalucía. La investigación ha desvelado que las comisiones ilegales en los ERE por conceptos externos alcanzaron hasta el 25%, una cifra desorbitada. Y el testimonio de Trujillo de ayer apunta a que esas comisiones también acabaron en los bolsillos de Guerrero.

Por otra parte, ayer el PP desveló una factura del bufete de abogados Garrigues presentada ante la Consejería de Empleo para pagar 20.000 euros por una querella de un policía contra dos concejales de IU de Camas (Sevilla). De este modo, el despacho, que tiene dos letrados imputados en el caso, pretendía que la Junta pagara los servicios de un particular a través de la Consejería de Empleo, de donde surgió el escándalo. “Las tres facturas no fueron pagadas y han sido anuladas hace tiempo”, se limitaron a explicar fuentes de Garrigues.