El PP rechaza nuevas medidas contra los desahucios

El problema de los miles de familias atrapadas en la crisis y en la hipoteca, que al no poder pagar al banco afrontan el desahucio y la ruina, “ya está regulado y perfectamente regulado” en el código de buenas prácticas que el Gobierno aprobó el 9 de marzo, zanjó ayer el diputado popular Juan Manuel Albendea en la comisión de Economía del Congreso. El PP rechazaba así incorporar a ese código —que no obliga a los bancos porque es de carácter voluntario— medidas más imperativas, propuestas ayer por el PSOE y días atrás por IU-Izquierda Plural y UPyD.

La iniciativa gubernamental —dirigida a familias “en el umbral de la exclusión” y con hipotecas inferiores a 200.000 euros— es “verdaderamente completa” y “suficientemente justa”, insistió Albendea, antes de recordar al PSOE que la crisis inmobiliaria no es “una cosa del mes pasado”. “Ustedes no hicieron nada, y este Gobierno, en tres meses, ya ha aprobado un real decreto sobre el problema”, le soltó al socialista Valeriano Gómez. Este había defendido una proposición no de ley para obligar —no recomendar— a los bancos a retrasar y suavizar los términos de los desahucios.

El PSOE, que se opuso repetidamente a aprobar la dación en pago —saldar la deuda entregando la casa al banco— cuando estaba en el Gobierno, tampoco la defiende ahora, aunque ayer Gómez se mostró dispuesto a aceptarla en ciertos casos. De todas formas su texto fue tumbado por el PP.

La sesión que celebró ayer la Comisión de Economía parecía el índice de un manual sobre la crisis. Proposiciones sobre banca pública (IU-La Izquierda Plural), transparencia de los bancos (PSOE), abusos en las hipotecas (UPyD), desahucios (PSOE)... Un abanico de problemas que no acaba.

Todas ellas fueron rechazadas por el PP menos, a última hora y por sorpresa, la de UPyD que pedía limitar los intereses de demora —con los que el banco castiga los impagos de la hipoteca, y que a veces llegan al 30%—. El popular Pablo Matos pactó con Álvaro Anchuelo (UPyD) un texto alternativo, sin cifras, que insta al Gobierno a establecer un “límite máximo legal” para que esos tipos no sean “abusivos”.

El código de buenas prácticas del Ejecutivo ya recogía un límite, pero solo para las familias más pobres. Ahora deberá fijarlo para todas las hipotecas; eso si hace caso a la proposición no de ley, que no es de obligado cumplimiento.