El juez no cree a Urdangarin cuando dice que su papel en Nóos era institucional

El juez del caso Nóos no cree a Iñaki Urdangarin. José Castro considera que existen “sobrados indicios” de que el duque de Palma siguió vinculado al Instituto Nóos después de marzo de 2006, cuando el Rey le ordenó que dejara a un lado sus actividades en la entidad sin ánimo de lucro. “Todo apunta a que tal desvinculación no se produjo”, relata un auto del juez, que pone en duda las explicaciones de Urdangarin en el sentido de que su papel era meramente institucional y que era su socio, Diego Torres, quien llevaba la voz cantante y tomaba las decisiones.

“No acaba de convencer el argumento de que sus funciones solo lo eran en materia estrictamente deportiva y sin conexión alguna con la gerencia”, afirma Castro. El juez recuerda que “innumerables testigos” han explicado a la policía que “Urdangarin siempre estuvo detrás de todo el entramado societario, antes y después de esa fecha”. Esas declaraciones le sitúan “al mismo nivel” que Torres, algo que también avala “la documentación intervenida”.

“Por si cupiere alguna duda”, añade el juez, el propio Urdangarin “vino a reconocer” haber mediado, en 2007, ante la Administración balear para que Torres y él cobrasen 400.000 euros de un pago pendiente. Antes de la “ruptura de la amistad”, el duque de Palma “desarrolló negocios puntuales” con su exsocio al entender, según se desprende de su declaración, que la recomendación del Rey no lo impedía.

El juez desliza esas consideraciones a propósito de la petición del sindicato ultra Manos Limpias para que el asesor del Rey José Manuel Romero declare como testigo. Castro rechaza la declaración de Romero, así como la del secretario de la infanta Cristina y extesorero de Nóos, Carlos García Revenga. El juez lanza un aviso a navegantes y advierte de que no tiene “ninguna trascendencia penal” conocer “cuáles fueron, en concreto”, los consejos o instrucciones que la Casa del Rey dio a Urdangarin. La instrucción, dice, no tiene por objeto hechos que “sirvan exclusivamente a intereses mediáticos, al favorecimiento hacia actitudes políticas o simplemente para satisfacer la curiosidad”.

En un auto de 25 páginas, el juez cita a declarar, en calidad de testigos, a otras dos personas: la asistenta personal de Urdangarin desde 2007, Julita Cuquerella, y el secretario de turismo y proyectos estratégicos de la Generalitat Valenciana en 2004, Luis Lobón Martín. En su declaración ante la policía, Cuquerella ya admitió que hizo “algunos trabajos” para Aizóon, la empresa inmobiliaria del duque y su esposa.

Diversas entidades bancarias deberán informar, por orden del juez, sobre todos los movimientos de una cuenta corriente a nombre de Urdangarin y otras ocho a nombre de Ana María Tejeiro, la esposa de Torres. Su abogado, Manuel González Peeters, ha pedido que se archive la causa contra ella por las mismas razones por las que el juez ha decidido no imputar a la infanta Cristina. El juez, que a partir de ahora grabará las declaraciones para evitar “distorsiones”, también ordena a la Agencia Tributaria que informe sobre las operaciones con terceros de la mercantil Global Consulting Partners, vinculada a Domingo Díez de Mera. En 2007, la compañía pagó a Urdangarin 300.000 euros por consultorías verbales y telefónicas.