La fiscalía, contraria a imputar a la Infanta en el 'caso Urdangarin'

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la imputación de la infanta Cristina de Borbón en el sumario sobre la captación de subvenciones públicas del Instituto Nóos, en el que está imputado su marido, Iñaki Urdangarin, según informaron fuentes fiscales.

Los fiscales anticorrupción adscritos al caso entregaron el martes al juez del caso Urdangarin, José Castro, un informe en el que se oponen a imputar a la infanta Cristina, en contra de lo solicitado por la acusación popular representada por el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

Según Anticorrupción, la investigación no ha puesto de manifiesto ningún indicio incriminatorio del que se pueda deducir que la Infanta conocía la supuesta actividad delictiva de Urdangarin. De ahí que, como la responsabilidad penal es personal, no pueda ampliarse al cónyuge que conoce unas supuestas actividades delictivas, siempre que no se demuestre que ha participado activamente en las mismas.

El fiscal subraya que la toma de decisiones en el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro de la que Iñaki Urdangarin y Diego Torres eran presidente y vicepresidente respectivamente, se realizaba por un comité de dirección del que no formaba parte la infanta Cristina de Borbón. Tampoco hay constancia de que la junta rectora de la que la Infanta era vocal aprobase las líneas de actuación de la entidad.

Sin cargos ejecutivos

Según el informe, la infanta Cristina tampoco ha ocupado ningún cargo ejecutivo en Aizoon, entidad de la que es copropietaria con su marido al 50% y que supuestamente sirvió para desviar dinero público. La gestión y administración de esta sociedad está en manos de Urdangarin, según han señalado los empleados de esa firma, dedicada a tareas inmobiliarias, por lo que la vinculación de la Infanta ha sido meramente a nivel societario.

Anticorrupción tampoco ve ningún indicio incriminatorio que vincule a Cristina de Borbón con la actividad presuntamente ilícita desplegada por Nóos Consultoría Estratégica, de la que Urdangarin y Diego Torres eran socios al 50%. Tampoco consta en el procedimiento que la infanta Cristina conociese dicha actividad.

El hecho de que gastos de reforma y mobiliario de la residencia de los duques en Barcelona fuesen imputados como costes a la sociedad Aizoon puede no ser constitutivo de delito, según los fiscales, y podría quedar en una infracción administrativa.