El PSOE acudirá al Constitucional si el PP no cambia la reforma laboral

La reforma laboral que el Gobierno ha aprobado por decreto ley no solo es “ineficaz, injusta e insolidaria”, sino también “inconstitucional”, según ha concluido el PSOE tras consultar con “reputados juristas y agentes sociales”. Los socialistas recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional si el PP no se aviene a cambiarla durante el trámite parlamentario —que comienza dentro de dos semanas aunque la reforma, aprobada por vía de urgencia, ya está en vigor—, según anunció este viernes la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.

La dirección del partido —asesorada, entre otros, por dos exministros socialistas y el ex jefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero— sostiene que la nueva normativa laboral vulnera al menos cinco artículos de la Constitución, y principalmente dos de ellos: el 35, que consagra el derecho al trabajo —atacado ahora, según el PSOE, por la facilitación del despido— y el 37.1, que encomienda la fijación de las condiciones laborales a la negociación colectiva (cuyos poderes recorta la reforma).

Con esos argumentos irá el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba “a las puertas del Constitucional” para presentar un recurso si el PP no da un giro “radical” al texto. Aunque la admisión de ese recurso, si se produce, no paralizará la reforma (solo la sentencia, que puede tardar meses o años, podría corregirla a posteriori).

» Un año de “laguna legal” para despedir gratis. El caso de inconstitucionalidad que el PSOE ve más claro es el nuevo contrato indefinido para empresas con menos de 50 trabajadores, que establece un periodo de prueba de un año, durante el cual el trabajador puede ser despedido sin causa justificada y sin cobrar indemnización. “Eso no es un periodo de prueba, es una laguna legal y constitucional de 365 días. El trabajador se convierte en objeto de despido libre durante todo ese tiempo”, protestó Rodríguez. Las empresas de menos de 50 trabajadores suponen el 98% del total de empresas españolas y emplean al 41% de los asalariados, según datos de la Seguridad Social.

El PSOE interpreta que el artículo 35 de la Constitución, que reconoce el “derecho al trabajo” de los ciudadanos, implica también, aunque no lo diga, que a nadie se le puede despedir “sin causa justa”. “En la Constitución no cabe el despido libre”, sentenció la portavoz parlamentaria.

En realidad, el despido sin causa ni indemnización ya existe y está en el Estatuto de los Trabajadores. La diferencia es que hasta ahora el periodo de prueba máximo era de entre dos y seis meses (en función del tipo de trabajo) y podía ser rebajado —o incluso eliminado— en el convenio de cada empresa. Con la reforma, ese periodo pasa a ser de un año, para todas las empresas igual y sin posibilidad de ser rebajado en convenio. Según el rastreo que ha hecho el PSOE, en el resto de países de la UE no existe un periodo de prueba de este tipo, tan largo y tan general, y solo en Reino Unido hay un tipo de contrato con dos años de despido libre.

Además, añade la dirección socialista, crear el nuevo contrato solo para las empresas de menos de 50 trabajadores “supone un trato discriminatorio” hacia ellos, que vulneraría también el artículo 14 de la Constitución (“Los españoles son iguales ante la ley”).

» Arbitraje obligatorio. El PSOE denuncia que, en las negociaciones para el descuelgue del convenio —un pacto entre empresario y sindicatos para no aplicar el convenio en momentos de crisis— “la reforma impone un arbitraje obligatorio” de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando las partes no lleguen a un acuerdo. “El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional esa fórmula en 1981”, explicó Rodríguez.

» El salario fijado por contrato, papel mojado. El artículo 37.1 de la Constitución dice que la ley “garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral” entre sindicatos y empresarios, “así como la fuerza vinculante de los convenios”. Ese precepto se vulnera, señala el PSOE, si el empresario puede variar a su antojo las condiciones del contrato como la jornada y el salario con solo avisar 15 días antes y alegar razones de “competitividad”, posibilidad que recoge la reforma laboral (antes el empresario también podía variar muchas condiciones con otros argumentos, pero no la cuantía salarial). El texto del PP admite que esa modificación de las condiciones laborales podrá “afectar” —cambiar— lo recogido “en el contrato de trabajo” y “en acuerdos o pactos colectivos”; si eso respeta o no los convenios, deberá aclararlo el Constitucional.

Además, el PSOE señala que la reforma vulnera el artículo 37.1 porque “prohíbe a los convenios regular determinadas condiciones” e “impone” otras, como el sistema de clasificación profesional.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó este viernes entrar en el fondo de las dudas de constitucionalidad planteadas por el PSOE. Prefirió hacer un ataque político: “Yo respeto las decisiones de la oposición, pero con 5,2 millones de parados creo que lo más constitucional que podemos hacer todos es trabajar para hacer efectivo el artículo 35 de la Constitución que recoge el derecho al trabajo, y eso es lo que busca el Gobierno con la reforma laboral”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, informa Carlos E. Cué.

Sáenz de Santamaría aseguró que todas las iniciativas legales del Ejecutivo cumplen la Constitución, e incluso cuestionó que el PSOE tenga realmente dudas: “Me gustaría conocer si el motivo de su oposición es la inconstitucionalidad o algún otro. Si se le justifica que son plenamente constitucionales, ¿mantendría el PSOE algún tipo de objeción?”.

“¿Despido más barato? Ahora sí que sí”

M. V. GÓMEZ, Madrid

Los asesores de empresas ya usan la reforma laboral como reclamo. Asesoriza, la división editorial de Global Publisers España, oferta un seminario sobre la reforma para el próximo 8 de marzo por un precio máximo de 690 euros.

El folleto de inscripción, de tres páginas, está encabezado por el título “Saque el máximo partido a la reforma laboral 2012 para su empresa”.

A partir de ahí, pone el acento en medidas que impulsan el despido: "¿Despido más barato? Ahora sí que sí". "Despidos colectivos para los que basta la decisión del empresario". "Despidos objetivos por causas económicas, más fáciles de justificar". "Adiós despido exprés... hola nuevo despido exprés".

También destaca Asesoriza que los expertos del bufete Gómez Acebo & Pombo instruirán a quienes acudan al seminario sobre cómo rebajar los sueldos: “Reducción de salarios. Por fin será una posibilidad real”. En cambio, en el penúltimo epígrafe, los asesores destacan que también se hablará de las ayudas para contratar: “Bonificaciones a la contratación”.