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LAS CONCLUSIONES DE LA ACUSACIÓN POPULAR

“Carlos Fabra utilizó sus préstamos hipotecarios para blanquear dinero”

Él y su esposa lograron 33 préstamos bancarios por un total de cinco millones

Carlos Fabra, presidente provincial del PP de Castellón. Ampliar foto
Carlos Fabra, presidente provincial del PP de Castellón.

La Unión de Consumidores de España (UCE), acusación popular en el caso Fabra, defiende en su escrito de conclusiones remitido al juzgado que instruye la causa en la localidad castellonense de Nules, que el todavía presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas y créditos como una forma de blanquear dinero. La UCE basa sus afirmaciones en el informe que los peritos de Hacienda presentaron por orden del juzgado, del que se desprende que la familia Fabra logró 33 préstamos en una decena de entidades bancarias por más de cinco millones de euros en nueve años.

Según la UCE, Fabra pagaba las cuotas de sus hipotecas en metálico con el dinero que había recibido por su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que después vendía junto a su socio Vicente Vilar. Presuntamente, claro.

Los peritos de Hacienda detectaron que entre 1995, año en el que Carlos Fabra accedió a la presidencia de la Diputación de Castellón, y 2004, cuando concluyeron sus investigaciones, el mandatario provincial había suscrito créditos e hipotecas con Bancaja, CAM, BBVA, Caixa Catalunya, Caixa Galicia, Cajamadrid, Ruralcaja, La Caixa, el BSCH, IberCaja y Banco de Valencia. La mayoría de estos créditos fueron concedidos a Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, por cantidades que en muchos casos superaban los 100.000 euros, y en varias ocasiones los 500.000 y hasta los 600.000 euros. En algún caso también participaron los hijos.

El presidente del PP de Castellón presenta un listado de bienes para su embargo

El matrimonio Fabra obtuvo entre 2002 y 2004 créditos por un total de 2,3 millones, en los que subsumió otros préstamos. Para hacer frente a las cuotas de estos, el presidente del PP de Castellón y su esposa contaban con unos ingresos brutos de 10.000 euros al mes, según el informe pericial. Los bienes e ingresos en efectivo del matrimonio, según los expertos de Hacienda, “en modo alguno se corresponde con la renta y el patrimonio declarado”. Los peritos explicaron que la mayoría de los ingresos en los bancos realizados por Fabra se hacían en billetes de “100, 200 y 500 euros”, llegando a considerar “absurdo y artificioso” el argumento de Fabra de que mantenía un “nivel de efectivo elevado” para afrontar sus numerosos préstamos.

Además, según informó ayer la cadena SER, Carlos Fabra firmó el 22 de diciembre de 2009 una ampliación de hipoteca por 100.000 euros a favor de Bancaja, que estaba previsto que venciera en enero de 2045, cuando el presidente del PP habría cumplido 98 años. El préstamo original se había concedido para la adquisición en 2002 de un piso en la madrileña plaza de Las Salesas. Fuentes de Bancaja citadas por Europa Press aseguraron ayer que Fabra ha saldado “de forma anticipada” esa ampliación hipotecaria por lo que esa operación “ya no está viva”.

Por otra parte, el titular del Juzgado número 1 de Nules que instruye el caso, Jacobo Pin, inició ayer el procedimiento de embargo de bienes a Fabra y su exmujer, María Amparo Fernández. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Fabra y Fernández presentaron un listado de bienes susceptibles de ser embargados, por la fianza de 4,2 y 1,7 millones, respectivamente, que les impuso el juzgado.

El juez reclama esas garantías para asegurarse el pago en caso de que sean condenados por los delitos por los que van a ser juzgados. Carlos Fabra está acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, mientras que María Amparo Fernández habría cometido tres fraudes al fisco.