“La gente cree que ‘Gürtel’ son cuatro trajes y en realidad son adjudicaciones”
José Manuel Martín es miembro del 15-M en Valencia En 2010 cofundó la asociación Govern Obert, un colectivo que trata de implantar en España la legislación europea sobre transparencia de las administraciones y el acceso a las cuentas públicas Su tesis doctoral trata cómo los medios virtuales pueden hacer más visibles las protestas ciudanas
La vergüenza del caso Gürtel, la ausencia de consecuencias políticas en el partido gobernante en la Comunidad Valenciana, el PP, y la manipulación informativa en la televisión autonómica Canal 9 llevaron a José Manuel Martín, valenciano de 28 años, a implicarse a partir de 2009 en diversos colectivos de protesta. De ahí, al 15-M. Y como de la indignación, se puede hacer tanto afición como investigación, Martín, profesor de inglés, está haciendo ahora una tesis doctoral de Lingüística Aplicada sobre el 15-M ya que está muy interesado en el empleo de medios virtuales, esto es, las redes sociales, para hacer más visibles las manifestaciones reales, las físicas, como las protestas en la calle. En concreto le apasiona el uso y la evolución de los hashtags (etiquetas que crean los usuarios de Twiter para abrir temas de debate).
Todo empezó cuando hace tres años creó un perfil de Facebook titulado “Queremos que Canal 9 mencione el caso Gürtel”, harto de que la cadena pública ignorase la trama de corrupción que salpicaba al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aún pendiente de juicio. Gracias a la iniciativa, contactó con otras personas de similares inquietudes y convocaron una manifestación a favor de la transparencia que reunió a varios miles de personas. El año pasado realizó junto a Marco Bañó un documental artesanal “que denunciaba la tergiversación informativa en Canal 9”. Un vídeo titulado Centrados en mí que ya han visto en Internet decenas de miles de personas y que le llevó a implicarse después con el colectivo Democracia Real Ya y el Movimiento 15-M.
Y desde entonces no ha parado, entusiasmado con la idea de que muchas personas hayan abandonado la apatía: “Las amas de casa opinan de política en el metro, todo el mundo habla en una sociedad como la española en la que la gente tenía miedo a abordar esos temas”. Algo a lo que, según cree, han colaborado, y mucho las redes sociales: “La gente se comunica más, de otra manera sí, y escriben peor, también, cosa que lamento, pero hay que saber compaginar las redes sociales virtuales con las redes sociales físicas”. Y pone como ejemplo el contagio del movimiento del 15-M en otros países, como las protestas en Estados Unidos.
Las amas de casa opinan de política en el metro, todo el mundo habla en una sociedad como la española en la que la gente tenía miedo a abordar esos temas”
“Los ciudadanos tienen que preguntar, porque es su dinero”. Martín fundó en 2010 con unos amigos la asociación Govern Obert, un colectivo que trata de implantar en España la legislación europea ya existente sobre transparencia de las administraciones y el acceso de los ciudadanos a las cuentas públicas. “En Suecia la normativa de acceso a la información data del siglo XVIII y aquí, en pleno siglo XXI, parece una utopía”, se queja Martín. Y como buenos ejemplos locales, habla de que hay pequeños municipios, hasta en la Comunidad Valenciana, que tradicionalmente ponen sus presupuestos a la puerta del Ayuntamiento para que los consulten todos los ciudadanos. “También lo hacen en la casa consistorial de Estocolmo, donde cuelgan hasta la declaración de la renta de los políticos”, añade.
En resumen, el ciudadano tiene derecho a conocer todos los detalles, hasta los más insustanciales de la gestión pública, desde lo que cobra una empresa privada por un contrato hasta cuánto se gasta en el combustible de los vehículos oficiales. “El derecho a la información está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea [capítulo V, artículo 42] y la gente no lo sabe”, se queja. Para hacer más fluido el sistema, Govern Obert solicita este tipo de datos a las administraciones cada cierto tiempo. Especialmente el 28 de septiembre, Día Mundial del Derecho a Saber, que, según ironiza Martín, “nadie sabe que existe”.
La tesis de Martín es que esta transparencia a su vez redundará en una mejor salud democrática de la sociedad. Por un lado, “si los políticos ven que han de justificar cada gasto, no se atreverán a meter la zarpa”. Y por otro, “se generará una vida social basada en los datos, no en los rumores”. Esos rumores que llevan a los ciudadanos a creer, totalmente desencantados, que todos los políticos roban. Por otra parte, su lucha también estriba en convencer “a los ciudadanos de que tienen que preguntar, porque es su dinero”.
Si los políticos ven que han de justificar cada gasto, no se atreverán a meter la zarpa”
El 15-M y el 20-N. En esta época electoral, el lema que defiende Martín es “no falta dinero, sobran corruptos”. Y es porque cree que la solución a la crisis, en vez de pasar por el recorte de las políticas que definen un Estado de bienestar, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales, estriba en un mejor control de los recursos públicos que vete las prácticas delictivas. “La gente no es corrupta por naturaleza, se vuelve corrupta porque ve que la corrupción no se castiga, se premia”. Y como Martín dice que es un radical, en cuanto que quiere ir “a la raíz del problema”, cree que la mejor manera es la transparencia, en la gestión del dinero, en la adjudicación de contratos públicos, en el control de los cada vez más frecuentes sobrecostes de las obras...
Por eso, el sueño de Govern Obert es que todas las administraciones cumplieran el derecho de los ciudadanos a la información. Y eso es lo que piden a los partidos que acuden a los comicios del 20-N. De momento, entre sus logros, según explica Martín, está que varios partidos valencianos hayan incorporado en sus programas electorales su propuesta de transparencia informativa. Se trata de PSPV-PSOE, Esquerra Unida, Compromís-Equo y UPyD. Entre los grandes, solo el PP se ha negado a escucharles, según asegura. Y en un paso más allá, hasta han logrado que los tres primeros, con representación en el Ayuntamiento de Valencia, hayan presentado en el Consistorio una propuesta de normativa que imponga el derecho a la información. A todos los candidatos Martín les pide que tengan claro para quién trabajan: “Nosotros somos los jefes, les pagamos unos sueldos y les elegimos para que lleven a cabo las políticas que nos han propuesto”. Pero con las cuentas claras. Y transparentes. Como ejemplo pone el caso Gürtel, que llevará a Camps ante un jurado por sus amistades peligrosas con una trama de corrupción: “La gente cree que Gürtel son cuatro trajes y en realidad son adjudicaciones”.
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