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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Preservar el consenso

PSOE y PP deben resguardar de la bronca electoral su acuerdo básico sobre el fin de ETA

Dirigentes de la izquierda abertzale llevan un tiempo diciendo, en privado y en público, que la decisión de retirada definitiva de ETA ya está tomada. El escepticismo ante esa afirmación deriva de que en otras ocasiones dijeron más o menos lo mismo (en 1998, en 2006) y no hubo nada. Pero es cierto que ahora hay un factor nuevo que, aunque no garantiza la autodisolución, sí hace improbable la vuelta a los atentados: que perjudicaría decisivamente las expectativas (no solo electorales) del soberanismo en trance de unificación. Tienen mucho que perder y por eso es poco verosímil la marcha atrás. Habría ruptura.

Pero también es improbable que los jefes de ETA acepten disolverse si no tienen nada que ofrecer a sus 700 presos, de cuya suerte no podrían dejar de sentirse responsables. Seguramente en eso pensaba el lehendakari López al plantear su decálogo para el periodo histórico del fin de ETA en el que considera que ya estamos. Unas bases que sirvan de armazón para un consenso entre los principales partidos vascos y que no rehúyan el tema de los presos.

Las reacciones han sido exageradas, especialmente entre las asociaciones de víctimas, que están viviendo con gran frustración los últimos acontecimientos. Pero también lo han sido las del PP. Es cierto que la política penitenciaria es responsabilidad del Gobierno central y que hubiera sido conveniente que las medidas sugeridas por López hubieran sido consultadas al partido que seguramente tendría que aplicarlas, y no irrumpir de esta forma en la campaña electoral. Pero el lehendakari también tenía que contar con el PNV, que ha renunciado a la idea de negociación política, pero defiende el acercamiento de los presos y medidas de reinserción; y también la derogación de la doctrina Parot, lo que permitiría salir a bastantes presos.

Algo que sería difícilmente aceptable por la opinión pública, muy identificada en esto con las víctimas, mientras ETA esté presente. Pero que encontraría mucha menor resistencia tras la disolución de la banda. Así lo admitió en octubre Dolores de Cospedal al decir que un Gobierno democrático podría “hablar de otras cosas cuando ETA haya desaparecido”, y también el número dos del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, al hablar de “generosidad” cuando tal cosa ocurra. De momento, lo importante es que la coyuntura electoral no ciegue a los partidos: que no magnifiquen divergencias tácticas y preserven su acuerdo básico sobre un fin de ETA sin contrapartidas políticas.

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