Castilla y León asume la competencia de juzgar a su expresidente de las Cortes
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asume el caso contra Fernández Santiago
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asumido la competencia de juzgar a José Manuel Férnandez Santiago, actual procurador en las Cortes de Castilla y León y ex presidente del Parlamento autonómico, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
La causa, derivada del caso Gürtel, fue remitida por el magistrado Antonio Pedreira desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora el de Castilla y León lo hace suyo ante la implicación de Fernández Santiago, dada su condición de aforado y que los supuestos delitos se cometieron en el territorio de esta comunidad.
La investigación se centra en la adjudicación a Teconsa, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla y León, de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta obra, supuestamente, el máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, cobró una cuantiosa comisión. Entonces, en 2002, Fernández Santiago ocupaba el puesto de Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, al que se atribuye haberse embolsado 18.000 euros “por motivos que se desconocen”, tal como indica el Tribunal Superior castellanoleonés en el auto en el que asume la competencia.
Pedreira ya remitió, hace un año, la que supone tercera rama del caso Gürtel al tribunal castellanoleonés, después de que en la contabilidad de las empresas de Correa aparecieran nombres relacionados con este Gobierno autonómico.
El magistrado designado para dirigir la instrucción desde este Tribunal ha sido César Balmori Heredero, quien investigará sobre los hechos presentados e implicados en ellos.
Mientras, el Tribunal Superior madrileño madrileño mantiene parte de esa rama del caso Gürtel, tras imputar a los directivos de la constructora Teconsa por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Administración pública.
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