Por la laicidad del Estado

La próxima visita a España del ciudadano alemán Ratzinger es una oportunidad para reflexionar sobre la laicidad del Estado. La separación de la esfera pública y la privada para la tutela de la libertad de conciencia y de pensamiento tiene su origen en el nacimiento del Estado moderno y en la correlativa secularización del Derecho y la sociedad. La separación entre Estado y religión, iniciada en los siglos XVII y XVIII tras los debates promovidos por la cultura ilustrada, es una gran conquista en garantía de las libertades fundamentales y del pluralismo político, religioso, moral y cultural. Supone la afirmación del principio de legalidad como norma de reconocimiento del Derecho vigente, y afirma el cometido del Estado y del Derecho de garantizar la vida, dignidad, libertad e igualdad de los ciudadanos. La Constitución constituye un gran pacto al que se llega desde el velo de la ignorancia rawlsiano, y materializa la neutralidad moral, ideológica y cultural, paradigma de la laicidad del Estado y del Derecho.

En España hay que desarrollar las garantías que nos permitan avanzar desde la aconfesionalidad del Estado hacia la laicidad. Esta legislatura se agota y la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa queda en el tintero. El ordenamiento jurídico carece de normas adecuadas para la solución de problemas complejos nacidos del pluralismo religioso e ideológico de la sociedad española actual. Esta ausencia de regulación provoca, de un lado, que las Administraciones Públicas, regionales y locales, decidan discrecionalmente sobre asuntos tan espinosos como el uso de símbolos religiosos por el alumnado en las escuelas públicas, o en otros espacios públicos, y, de otro, sentencias contradictorias de los tribunales. El modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas privilegia a la Iglesia Católica sobre las confesiones religiosas a las que el Estado ha reconocido "notorio arraigo", y a éstas, a su vez, sobre las demás. A ello se añade la consolidación de un modelo de financiación pública de las confesiones de dudosa constitucionalidad, y el inacabado debate sobre la inclusión de la asignatura Educación para la Ciudadanía en el currículo escolar, alimentado y crispado por la Iglesia Católica y la derecha.

La visita del Papa, que no responde a una invitación oficial del Estado español, ni de sus Instituciones, se realiza con un despliegue de medios y espacios públicos desproporcionado, incoherente con la neutralidad moral del Estado, e imprudente por su elevado gasto en tiempos de crisis. Y como guinda, el desfile de la Legión ante el Papa en Madrid. Llama la atención que estos medios y espacios públicos se pongan a disposición del ciudadano Ratzinger, que viene, entre otras cosas, a oponerse a las Leyes de ampliación de derechos civiles aprobadas por el Parlamento de la Nación, o a manifestar su abierta oposición a otras que están en periodo de tramitación, como la regulación de una muerte digna y la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

La libertad religiosa es un derecho sin distinción de religión, y demanda el igual tratamiento de todas las confesiones, actitudes, creencias o no creencias. Los Acuerdos de España con la Santa Sede (conocidos como el "Concordato") son incompatibles con la laicidad del Estado y la igualdad en los derechos, puesto que privilegian a la confesión religiosa más fuerte. Montesquieu escribió que no hay lugar para el Derecho entre las cosas que pasan entre el hombre y Dios, quien conoce la magnitud y el momento de su venganza. En lo terrenal, la convivencia pacífica y en igualdad exige la no discriminación entre sentimientos diversos. Además, la autonomía de la conciencia religiosa no tiene necesidad del apoyo del Derecho.

Para seguir trabajando por la laicidad, nos comprometemos a plantear ante el próximo Congreso Federal del PSOE una iniciativa de denuncia del denominado "Concordato" que ponga fin a la injerencia del Vaticano en la política española, y que concluya con los privilegios especiales que goza la Iglesia Católica. 

César Giner Parreño es profesor titular de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Antonio Chazarra Montiel es catedrático de instituto.