Mejor vigilar que expropiar

Si España sufre la presión del mercado (y con ello el retraso en la recuperación económica) buena parte de culpa la tiene el sistema financiero. Los inversores castigan la política de crédito desenfrenada que condujo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Cajas y bancos tienen unos 150.000 millones en activos potencialmente problemáticos en el ladrillo, es decir, cerca del 15% del PIB, incluidos los inmuebles adjudicados y los créditos por más de 65.000 millones, de los que cerca de la mitad están en suelo. Si el sector del automóvil, por ejemplo, entra en crisis por la caída de la demanda el coste en puestos de trabajo es importante pero sus problemas no acaban salpicando al resto de sectores. En el caso del sector financiero no es así. Sus problemas son suyos hasta que acaban siendo de todos. Y ese contagio es casi inmediato.

“No al gobierno bancario”; “La banca al banquillo”. “El oro del banquero, la sangre del obrero”. “Rescatar a las personas, no a los bancos”… Las instituciones financieras, son, junto con los partidos políticos, la principal diana para los dardos del movimiento 15-M. Decenas de pancartas con lemas contra bancos y cajas poblaron durante semanas la Puerta del Sol en Madrid y la Plaza de Cataluña en Barcelona. Los indignados les acusan básicamente de tres cosas: colaborar en el origen de la crisis con una política de préstamos hipotecarios que alimentó la burbuja inmobiliaria; costar miles de millones al bolsillo del contribuyente por una mala gestión del riesgo que sin embargo fue recompensada por salarios desorbitados; y entorpecer la recuperación económica al cortar el grifo del crédito a familias y pymes. Privatizar beneficios y socializar las pérdidas, en definitiva.

“El oro del banquero, la sangre del obrero”, rezaban las proclamas del 15-M

El manifiesto del movimiento Democracia Real Ya reserva un capítulo destacado al control de las entidades bancarias. Los firmantes del documento proponen una serie de medidas que consideran esenciales para la “regeneración” económica del país. Las propuestas incluyen la prohibición de cualquier tipo de rescate, la nacionalización de las entidades en dificultades, la devolución de las ayudas públicas, sanciones a la mala praxis bancaria o la subida de impuestos.

Los expertos, que comprenden el malestar de la ciudadanía con el sector financiero, creen que la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de hacer reformas pero subrayan que hay que hacer una separación muy clara entre bancos y cajas, y abogan por una mejor supervisión y regulación. En cuanto a las propuestas del colectivo 15-M, la idea de crear una banca pública es rechazada por todos los economistas consultados, la posibilidad de dejar quebrar las entidades los divide y el resto de medidas reciben calificativos que van desde naifs hasta populistas.

“Las propuestas mezclan ideas razonables, como la prohibición de rescates bancarios a las entidades no sistémicas, que por cierto es una actitud sorprendentemente liberal, con medidas demagógicas como la prohibición de inversión de bancos españoles en los paraísos fiscales, con otras carentes de contenido pues ya están implementadas y algunas poco operativas como la regulación de sanciones a los movimientos especulativos”, resume Jesús Fernández-Villaverde, profesor en la Universidad de Pensilvania e investigador de Fedea.

En España, salvo la intervención de Caja Castilla-La Mancha y Cajasur —adjudicadas posteriormente a Cajastur y BBK, respectivamente—, no ha habido, de momento, ninguna nacionalización de entidades financieras al estilo de las ejecutadas en EE UU o Reino Unido. Eso no quiere decir que el sector no haya recibido ayudas indirectas —compra de activos financieros de alta calidad y la presentación de garantías públicas a sus emisiones de deuda— y también directas. Entre estas últimas destacan las inyecciones de dinero a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para incentivar las fusiones entre cajas de ahorro.

Las entidades han recibido 10.066 millones de euros por este concepto. Además, el Gobierno podría entrar en el capital de aquellas entidades que el próximo 30 de septiembre no hayan logrado captar en el mercado el dinero suficiente para elevar sus ratios de capital hasta los nuevos estándares. En el peor de los casos, según cálculos oficiales, esta recapitalización pública supondría otros 15.949 millones. En el caso de la crisis Caja Castilla-La Mancha (previa a la creación del Frob) el Fondo de Garantía de Depósitos se gastó todo el patrimonio acumulado casi tres décadas (4.125 millones) en el rescate.

Sumando todos los conceptos, los recursos destinados por el Estado al rescate financiero suponen cerca del 2,6% del PIB, mientras que en EE UU se concedieron apoyos equivalentes al 3,4% de su economía, en Reino Unido del 6% y en Irlanda esta cifra asciende a casi el 30% del PIB.

El Gobierno justifica la concesión de estas ayudas para salvaguardar la estabilidad del sistema, fomentar su eficiencia y permitir que el crédito vuelva a fluir hacia la economía real. El problema es que la mayoría de las entidades siguen sin abrir el grifo de los préstamos. Una encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) concluye que una de cada cuatro empresas no financieras que solicitó un préstamo en 2010 no pudo obtenerlo.

Con este caldo del cultivo, el 15-M pide la prohibición de “cualquier tipo de rescate” o inyección de capital a entidades bancarias. Los indignados sugieren que aquellas entidades en dificultades “deben quebrar” o ser “nacionalizadas” para constituir una banca pública “bajo control social”.

“En EE UU han quebrado más de 100 entidades y no ha pasado nada porque eran pequeñas. El problema surge cuando se deja caer a un banco grande. Nos caigan simpáticos o no, las entidades son como el aceite para el motor de un coche: son indispensables para que no se gripe”, argumenta Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de Esade. “En cuanto a la nacionalización, no es la solución. Una política de préstamos guiada por motivos políticos me da miedo. La gestión de un banco debe de ser la misma esté en manos públicas o privadas: dar dinero a un tipo mayor del que se capta y negar el préstamo a quién no sea capaz de pagarlo”, añade.

“Si dejamos quebrar a los bancos, ¿qué hacemos con los depósitos de los españolitos?”, se pregunta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. “Si algo hemos aprendido con la crisis, y más concretamente con Lehman Brothers, es que no se puede dejar caer a los bancos. Las entidades se han equivocado dando créditos y lo están pagando. Si la banca fue la culpable de la crisis de 1992 también tendrá parte de responsabilidad en que en este país se hayan creado desde entonces seis millones de empleos, ¿no? Respecto a la nacionalización, la historia ha demostrado en numerosas ocasiones que el Estado es muy mal empresario y peor banquero. Si queremos propuestas coherentes para reformar el sector creo que habría que empezar por imponer una regulación y una supervisión mucho más eficaces”, añade Díez.

Mientras la petición de los ciudadanos acerca de dejar quebrar a las entidades deja la puerta abierta al debate académico dependiendo del tamaño del banco, la sugerencia de la nacionalización como alternativa a las ayudas públicas concita un rechazo unánime entre los economistas.

Si las cajas finalmente no logran captar en el mercado el dinero necesario para mejorar su solvencia el Estado aportará esos recursos entrando en el capital. Esta permanencia será por un periodo máximo de cinco años. “Lo que más me llama la atención de las propuestas es la llamada a constituir una banca pública bajo control social. Eso ya lo teníamos en España: se llamaban cajas de ahorros. Los problemas de nuestro sector financiero no han venido ni del Santander ni del BBVA, han venido de las cajas. Toda banca pública va a ser siempre capturada por los intereses políticos y terminará en un desastre”, advierte Fernández-Villaverde.

El movimiento 15-M pide que aquellos bancos o cajas que hayan recibido capital del Estado lo devuelvan “a las arcas públicas”. Esta propuesta es vista como lógica por los expertos pero recuerdan que ya se aplica. Ninguna de las ayudas concedidas será gratuita. El Estado, a través del Frob, compró participaciones preferentes por valor de 10.066 millones para reajustar el tamaño del sector a través de fusiones. La rentabilidad mínima anual de esas participaciones es del 7,75%, un interés muy por encima de la que paga en Frob para financiarse con sus emisiones de deuda, por lo que esta operación debería generar ganancias para las arcas públicas. Además, en el caso de que el Estado tuviese que entrar en el capital de algunas cajas lo haría a precios de mercado (un experto independiente hará una valoración) y cuando salga del capital tras haber aplicado medidas de eficiencia intentaría saldar la operación con plusvalías. Asimismo, para que el Estado entre en el capital de las cajas estas deberán transformarse primero en bancos y, por lo tanto, se podría rentabilizar la operación vía dividendos.

Los indignados también apoyan la elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional “al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión”.

Los expertos no están muy de acuerdo con esta idea ya que creen, por un lado, que las entidades financieras no han sido las únicas causantes de la crisis y, por otro, advierten de que una revisión al alza de los impuestos sería contraproducente porque frenaría aún más los créditos.

“¿Qué es una mala gestión?”, se pregunta Rafael Pampillón, profesor de IE Business School. “En el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España tanta culpa han tenido los bancos por conceder créditos baratos, como los ciudadanos que los solicitaron —en algunos casos para especular—, como el Banco de España por no poner freno al crédito hipotecario o las Administraciones públicas por su política de suelo”, apunta Pampillón, quien añade que la mala gestión de las entidades ya la están pagando sus accionistas con menores dividendos y la posibilidad de ver diluida su participación por ampliaciones de capital.

Las entidades financieras, para sobrevivir, tienen que ganar dinero. Les podemos poner los impuestos que queramos pero cualquier incremento en sus costes lo van a repercutir en el precio de sus productos y servicios”, señala Jordi Fabregat. Esta opinión es compartida por José Carlos Díez: “Los márgenes de las instituciones están débiles. Esto quiere decir que si se le ponen nuevos impuestos van a ganar menos dinero y, por lo tanto, habrá menos crédito a disposición de ciudadanos y empresas”.