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Cuarenta parlamentarios españoles piden la aplicación de la tasa Robin Hood

Representantes del grupo socialista, el catalán, el vasco, el mixto y el de ERC-IU-ICV se unen a la iniciativa global que pretende gravar a las transacciones financieras para combatir la pobreza

Un activista reclama la tasa Robin Hood en Berlín. Ampliar foto
Un activista reclama la tasa Robin Hood en Berlín. AFP

Unos 40 parlamentarios españoles de casi todos los grupos políticos en el Congreso -del PP no se han pronunciado aún-, se han sumado a la petición impulsada por organizaciones no gubernamentales de aplicar la tasa Robin Hood, que gravaría con un 0,05% a las operaciones financieras internacionales. La recaudación estimada por el investigador austriaco Stephan Schulmeister, unos 300.000 millones de euros, recoge en una nota Intermón Oxfam, se destinaría a luchar contra la pobreza, los efectos del cambio climático y reducir las desigualdades sociales de la población castigada por la crisis. Ya son 700 parlamentarios en todo el mundo los que se han sumado a la iniciativa y lo demuestran en una declaración presentada hoy al Consejo Europeo reunido en Bruselas.

Diputados como Gaspar Llamazares, portavoz en el Congreso del grupo IU-ICV, o Carles Campuzano, portavoz del grupo catalán CDC, han firmado el texto porque consideran “responsable” de la crisis económica mundial al sector financiero, y recuerdan que sus efectos han supuesto “un enorme coste” tanto para los ciudadanos de los países desarrollados, como los que están en vías de desarrollo. “Haría pagar a los especuladores de alto riesgo, que se lucran jugando con el capital”, puede leerse en el sitio web de la ONG Intermón Oxfam. La tasa se convierte así en un “instrumento de justicia”, subraya el eurodiputado Enrique Guerrero, secretario general de la delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, que ha impulsado en la Cámara varias propuestas relacionadas con la tasa.

Intermón Oxfam cifra en 700 los parlamentarios de todo el mundo que han firmado una declaración apoyando la iniciativa, presentada hoy al Consejo Europeo

Esta no afectaría a las operaciones minoristas, sino a las realizadas por “grandes instituciones que trabajan en el intercambio de divisas, derivados financieros y emisiones de bonos; realizados al contado y a futuro”, concreta Susana Ruiz, responsable de Gobernabilidad y Sector Privado del Departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam. Por eso cada vez son más los países que apoyan la iniciativa.

Desde Oxfam informan de otros parlamentarios que se han sumado a la causa, como Aitor Esteban y Pedro Aspiazu (PNV), Delia Blanco, Jesús Caldera (PSOE) o Nuria Buenaventura (IU-ICV). El Grupo Popular ha preferido no pronunciarse sobre si tiene o no intención de adherirse a la declaración. Pero quienes se oponen a esta propuesta argumentan que la aplicación de esta tasa en la eurozona podría propiciar que se deriven operaciones hacia otros mercados, algo que Ruiz niega al tiempo que recuerda el caso inglés: “Reino Unido aplica una tasa de 0,25% por la compraventa de acciones y eso no ha hecho que haya una fuga de la actividad bursátil”.

La representante de Oxfam tiene esperanzas en que al menos se aplique en Europa, pues la tasa cuenta cada vez con más apoyos en los países europeos, y sostiene que "este asunto no es cuestión de ser de izquierdas o de derechas". A los gobiernos pioneros de Francia, Alemania y España se han unido otros, como Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría y Luxemburgo, que han mostrado su compromiso públicamente. Pero de la teoría a la práctica hay un gran trecho. El Parlamento Europeo dio luz verde el pasado marzo a la aplicación de la tasa, pero quedó estancada en la reunión del G-20.

La Comisión Europea tiene previsto presentar "a principios de julio" un estudio de impacto sobre el efecto que tendría si se aplicara en la eurozona, y se espera que en octubre se tome finalmente una decisión, aunque el objetivo de quienes impulsaron esta idea sigue teniendo un alcance mundial.

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