El Poder Judicial acusa a Justicia de obstaculizar los desarrollos tecnológicos

El Consejo General del Poder Judicial convocó ayer un pleno extraordinario —con rueda de prensa por la tarde— para denunciar que el Ministerio de Justicia no colabora y “está poniendo obstáculos” a la implantación de instrumentos tecnológicos que mejorarían la calidad de este servicio al ciudadano. Sorprendió la urgencia de un pleno enfocado a sacar los colores a Justicia tan sólo unos días después de que el ministerio retirase in extremis unas enmiendas de enorme impacto social (entre ellas, una ley mordaza) auspiciadas por vocales del Consejo capitaneados por Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez. Hasta el punto de que fuentes del Poder Judicial interpretan las críticas de ayer como una pataleta del Consejo contra el ministerio.

El pleno se concibió, cara al exterior, como un marco de análisis del desarrollo de los nuevos sistemas de la información en los juzgados y tribunales. Y acabó, o quizás era la génesis, con críticas al ministerio. Solo acudieron 17 vocales al pleno de ayer, que extrajeron cinco conclusiones (una de ellas, la tercera, de gran acidez) sobre la gestión en esta materia del ministerio. 15 vocales suscribieron el acuerdo y dos lo rechazaron.

Y de los 15, seis de ellos, conservadores, acudieron al voto particular para endurecer aun más el punto tercero. Unos y otros consensuaron la primera parte del citado punto, que dice así: “El Consejo General del poder JudicIal expresa su deseo de que el MinisterIo de Justicia colabore de forma efectiva en las distintas actuaciones que el Consejo está realizando desde hace tiempo en materia tecnológica (...)”. Las disquisiciones entre progresistas, que quisieron ser más benevolentes con Caamaño, y conservadores se centraron en el final de la frase. Los progresistas la acabaron así: (...) puesto que hasta ahora se ha estado dificultando \[Justicia\] el desarrollo de instrumentos que permitirían la mejora de la calidad y eficacia del servicio prestado al ciudadano”. El remate a la frase de los conservadores, en el voto particular, fue el siguiente, todo en mayúscula: “PUESTO QUE SU INSUFICIENTE COLABORACIÓN ESTÁ IMPIDIENDO EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS QUE PERMITIRÍAN LA MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICACIA DEL SERVICIO PRESTADO AL CIUDADANO”. Así, escrito con mayúsculas.

En síntesis, de lo que se lamentan los vocales del Consejo, unos y otros, y aparente motivo del pleno, es que el ministerio estaría poniendo trabas tecnológicas en los territorios en lo que conserva su competencia y no realiza los ajustes que favorecerían una total interconexión entre todas las área judiciales.

Un ejemplo: se quejan de que el ministerio no ha querido sumar los juzgados de su territorio a la línea de correo electrónico especialmente protegida de que dispone el Poder Judicial para las comunicaciones entre juzgados penitenciarios y las prisiones, sustitutiva de los actuales faxes. Con ello, además de agilizar las comunicaciones, se evitarían casos como el ocurrido en Madrid hace meses, cuando desde un fax de la Audiencia de Madrid un desconocido falsificó y emitió una orden de libertad que desembocó en la liberación de un recluso peligroso.

También ponen como ejemplo el acuerdo que el Poder Judicial ha suscrito con las entidades bancarias y que permite a los jueces, casi desde sus despachos, embargar cuentas de delincuentes en 48 horas, antes de que el reo o el moroso sepa que hay una orden judicial de bloqueo de su dinero. Algunos directores de bancos avisan a clientes para que retiren el dinero en cuanto ven que llega la típica orden judicial de bloqueo. Admitieron los vocales que en este último asunto Justicia sí ha mostrado colaboración.

Del análisis de la evolución tecnológica, el pleno del Poder Judicial también resolvió que la ley aprobada por el Congreso para modernizar y agilizar la justicia otorga a la llamada Comisión Estatal de Administración Judicial Electrónica, que depende del Ministerio de Justicia, la potestad para establecer los criterios que aseguren la interoperabilidad entre las distintas aplicaciones informáticas utilizadas en los órganos judiciales. Pero el Consejo entiende que, de esta forma, le están arrebatando competencias propias en esta materia. Entre ellas, la de garante de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas informáticos que utilizan las Comunidades Autónomas en la Administración de Justicia.

El vocal Carles Cruz fue el encargado de esbozar ante los periodistas las conclusiones del pleno. Se decantó por una mayor colaboración entre Justicia y el Poder Judicial para impulsar las tecnologías “cuanto antes”, ya que la relación actual en esta materia es “manifiestamente mejorable”, alertó. .