Medidas efectistas, pero ¿efectivas?

Austeridad. Supresión de duplicidades. Contención en el gasto. Son las razones que la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha aducido para justificar el tijeretazo con el que se ha estrenado en su nuevo cargo. Ayer anunció la supresión de la institución del Defensor del Pueblo, de la Comisión Regional de la Competencia y del Consejo Económico y Social. Hoy ha anunciado recortes a las subvenciones que reciben sindicatos y asociaciones de empresarios.

Unas medidas efectistas pero que para los implicados no son en absoluto efectivas. Como ya se encargó de denunciar ayer el PSOE, la eliminación de los tres organismos públicos únicamente supone un ahorro de seis millones de euros, el 0,07% del presupuesto de Castilla-La Mancha. Una conclusión que comparten los tres organismos implicados.

La Comisión Regional de la Competencia supone un coste de 200.000 euros, según indica su presidente, Sebastián Fuentes. En el organismo únicamente trabajan tres funcionarios, que deberán ser recolocados en la Junta, si se elimina. Además existe un Consejo integrado por otras tres personas, el propio presidente, cuyo sueldo está equiparado al de un viceconsejero de la comunidad, y dos catedráticos de la Universidad de Castilla-La Mancha que únicamente cobran las dietas (100 euros) cada vez que hay una reunión. Fuentes explica que el organismo, cuya finalidad es vigilar el mercado y sancionar conductas anticompetitivas, tiene capacidad recaudatoria con lo que podría servir como una fuente de ingresos para la Junta. “En lugar de ello, Cospedal prefiere devolver esa capacidad al Estado central”. El presidente del organismo tiene claro que la medida de Cospedal es eminente política y que “va dirigida contra su persona y no contra la institución”. Fuentes denuncia que tras la decisión se esconde una persecución a su cargo, del que, según la ley, no se le puede remover hasta que pasen seis años. Cree que su pasado como diputado socialista tiene mucho que ver, además del hecho de que fuera nombrado por el Gobierno de José María Barreda hace tres años, con lo que seguiría al frente de la institución durante la mayor parte de la legislatura del nuevo Ejecutivo popular. El presidente explica que desde la Comisión Nacional de la Competencia han visto esta decisión como “algo inaudito”.

En la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha trabajan 30 personas, solo una es funcionario, el resto personal eventual y técnicos. El presupuesto destinado a esa institución es de 2.157.490 euros, el 0,02% de todo el presupuesto de la Comunidad.

La decisión de suprimir el Consejo Económico y Social (CES) es lo que más ha sorprendido, no solo a su presidente, Juan Antonio Matas, sino a los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. Todos coinciden en que no se puede suprimir un organismo integrado por empresarios y agentes sociales cuya función es controlar al Gobierno estudiando los proyectos y disposiciones normativas propuestas por el Ejecutivo. También rechazan las razones alegadas por Cospedal. La primera, la del ahorro. El presupuesto del CES, según Matas, es de 1.113.000 euros, lo que supone el 0,01% del presupuesto de Castilla-La Mancha. En él trabajan 14 personas, siete funcionarios (entre ellos el propio presidente y la secretaria general), dos interinos, dos trabajadores eventuales, dos vigilantes de seguridad a media jornada y una limpiadora a media jornada. Tampoco admiten que la razón para suprimirlo sea la de evitar duplicidades con el CES nacional porque las funciones que realizan ambas entidades son distintas. Matas cree que la decisión de Cospedal puede esconder una motivación política más que económica en el sentido de que se libra de un organismo de control. Aunque no va tan lejos como Fuentes a la hora de denunciar una persecución individual, destaca que la decisión ha sido adoptada no solo por la presidenta de Castilla-La Mancha sino por la secretaria general del PP y advierte que quizás no se trate de una medida específica para la comunidad sino de una estrategia del partido a nivel nacional.

UGT y CC OO han pedido que se reúna de urgencia el pleno del CES para intentar hacer cambiar de opinión a Cospedal con la que esperan reunirse ahora que es presidenta ya que en los últimos cinco años en los que ha liderado a la oposición no han tenido ningún encuentro y le advierten de que cualquier medida para luchar contra el paro deberá contar con su participación. Ninguno de los sindicatos mayoritarios ha recibido negativamente el anuncio de recortes en sus subvenciones. UGT ha recordado que ya vienen sufriendo mermas y ha insistido en que Castilla-La Mancha es la que menos dinero destina a las ayudas a los agentes sociales, pero ha reclamado que esas medidas de austeridad se extiendan a otras instituciones, como la Iglesia u ONG. Ambos han lamentado que haya sido el PSOE quien les invitara al debate de investidura y no el partido que ha ganado las elecciones. Un mal comienzo que esperan que no se perpetúe.