El PP maniobra para renovar ya el Constitucional sin retirar su escollo

No es la primera vez que PSOE y PP intentan renovar el Tribunal Constitucional. Es la séptima. Y no es la primera vez que prometen que esta es la buena. Por eso, el escepticismo en los pasillos del Congreso era ayer total. Pero la presión también es mayor que otras veces, por la dimisión —no aceptada— de los tres miembros del tribunal (un vicepresidente y dos magistrados) que cumplieron mandato hace más de seis meses.

El escollo parece seguir en el mismo punto que ha bloqueado otros intentos de negociación: el nombre de Enrique López, un juez de la Audiencia Nacional con mucho perfil político que se convirtió en un ariete contra el PSOE cuando fue portavoz del Poder Judicial. El PP no parece de momento dispuesto a retirar ese nombre. “No aceptamos vetos ni condiciones previas”, sentenció ayer Federico Trillo. Y el PSOE tampoco parece dispuesto a aceptarlo. Pero la negociación se ha puesto en marcha y, de nuevo, con un final incierto.

Trillo va a mantener a López, con quien el PP ha establecido un compromiso muy firme. En ese caso la única salida sería que el Gobierno aceptara a este candidato. Los populares insisten en que los problemas de López, esto es, que no había cumplido los 15 años de ejercicio de la profesión, ya están resueltos (el pasado diciembre cumplió ese requisito). Pero el conflicto con López no era técnico, sino político: el PSOE no quiere asumir que vaya nada menos que al Constitucional alguien a quien ve como un agente político del PP —donde se le trata como un dirigente más con posibilidades de entrar en política si ganan los populares— y sin el suficiente bagaje jurídico.

Menos probable parece la otra solución, esto es, que el PP aceptara retirarlo. En cualquier caso, ambos partidos, después del órdago de los tres jueces, han puesto al mando de las negociaciones a dos de las personas con más poder en sus formaciones y habituales interlocutores en las negociaciones PSOE-PP.

La presión para el pacto es más fuerte que nunca, pero ninguno de los dos partidos quiere aparecer como culpable de la ruptura

Por un lado, Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente y ministro del Interior. Por otro, el propio Trillo, el hombre del PP en el mundo de la justicia, que ha controlado durante los últimos 20 años decenas de nombramientos y operaciones políticas en el Poder Judicial.

La negociación que antes llevaban los portavoces, Soraya Sáenz de Santamaría y José Antonio Alonso, ha cambiado así de interlocutores. La primera, que ayer insistió en la “sincera voluntad de acuerdo del PP”, queda desplazada, y el segundo se recupera de un tipo específico de cefalea, por la que ha estado varios días en un hospital. El propio Trillo dijo expresamente en público que él era el interlocutor. Rubalcaba y Trillo hablaron el lunes, después de que estallara la crisis en el Constitucional. Antes, según fuentes del PP, Mariano Rajoy le había dado la orden a Trillo de que llamara al vicepresidente para intentar un acuerdo. El entorno del líder insiste en que quiere un pacto, pero él siempre deja en manos de Trillo la negociación y hasta ahora no ha fructificado, de manera que buena parte del PP piensa que el ex ministro de Defensa prefiere dejar pasar el tiempo hasta las elecciones para poder negociar mejor con una nueva mayoría.

Trillo lo niega. Y asegura que su voluntad de acuerdo es firme. Eso sí, sin renunciar a López. Por eso llamó a Rubalcaba, aunque la conversación no entró en el nivel de negociación, sino de toma de contacto, según fuentes de los dos partidos. Se han citado estos días. El presidente del Congreso, José Bono, también tomó cartas en el asunto y puso un plazo máximo: hasta el 30 de junio. El PP recuerda que, aunque parecía imposible, ambos grupos pactaron —con tres años de retraso— la renovación de los cuatro jueces que corresponden al Senado. Eso llegó después de una conversación entre Rajoy y Zapatero. Claro que el PP aceptó retirar a López. Lo sacó del Senado para colocarlo en la cuota del Congreso. Y ahí sigue.

Pero mientras se producen contactos en privado y ambos partidos admiten que la presión es tan grande que el pacto es posible —aunque el escepticismo es total— sus portavoces jugaron ayer una partida de póquer en la que todo parecía encaminado a dos objetivos: presionar al rival para que acepte las condiciones y tratar de no quedar ante la opinión pública como los responsables de la ruptura. Rubalcaba dijo “dos no pactan si uno no quiere”; Francisco Caamaño culpó al PP por mantener a López: “La estrategia del PP ha sido: o lo que yo quiero o la nada”; Ramón Jáuregui señaló que el PP espera “otra mayoría” para renovar, mientras Eduardo Madina insistía en que está “en la mano del PP” resolver el conflicto.

Y mientras, los grupos pequeños, en especial PNV, IU y ERC, animaban a PSOE y PP a ponerse de acuerdo y el mundo judicial aumentaba la presión. Los portavoces de cuatro asociaciones profesionales —APM, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente— exigieron la renovación con duras críticas a todos los políticos.