Barreda ha cerrado ya la mitad de empresas públicas

No son 95, como sostiene el PP, sino 24 las empresas públicas de Castilla-La Mancha. Y ya tampoco son 24 sino 13, porque desde enero el Gobierno socialista de José María Barreda ha cerrado casi la mitad para ahorrar, según explicó ayer a este periódico la vicepresidenta segunda de la Junta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo. La consejera no supo precisar cuántos trabajadores han sido despedidos en ese plan de “reestructuración del sector público autonómico”, aunque asegura que han sido “fundamentalmente directivos”.

El PP, que va a gobernar Castilla-La Mancha después de tres décadas de Ejecutivo del PSOE, ha declarado la comunidad en “quiebra total” —sin datos oficiales que lo avalen— y ha anunciado un plan de choque que incluye el cierre de “entre el 50% y el 75% de las empresas públicas” porque, dice, son un refugio de “colocados del PSOE”. Pero el Gobierno de Barreda ya está aplicando desde enero un plan de equilibrio para ahorrar casi 1.000 millones de euros —sobre un Presupuesto anual de 8.700 millones— en la comunidad con más déficit de España. Y ese plan también incluye el cierre de empresas públicas. De los 1.000 millones de ahorro, más de 700 millones vendrían del recorte de gastos y más de 200 millones del aumento de ingresos, según Araújo. Estas son algunas de las medidas ya en marcha:

» Reestructuración del sector público. Según la consejera, las 95 empresas públicas a las que se refiere el PP —en realidad, 96— no son empresas sino “entidades públicas”, lo que incluye fundaciones, consorcios, la Universidad y organismos como el Servicio de Salud, oficinas de Empleo o el Instituto de la Mujer. “Solo en el Servicio de Salud ya trabajan 30.000 funcionarios. Supongo que el PP no está hablando de cerrar estas entidades”, subraya Araújo. “Las empresas públicas eran 24 y en enero nos comprometimos a dejarlas en la mitad. Ya se ha hecho: se han eliminado ocho y otras tres están en proceso de cierre”, prosigue. En esas 24 empresas trabajaban “algo menos de 3.000 personas” —ella dice no saber cuántas han sido despedidas—, pero 2.000 están concentradas en una: el servicio autonómico de extinción de incendios (del que no se ha recortado). “¿Va a cerrar el PP el servicio de bomberos?”, inquiere la consejera.

» Sueldos más bajos. La Junta preveía ahorrar 150 millones reduciendo el gasto en personal. Eso incluye la bajada de un 5% en los salarios que aprobó el Gobierno central; la suspensión de subidas salariales que Castilla-La Mancha había pactado con sus funcionarios y que no aplicará por el momento; y un “mayor control de las bajas” de profesores y médicos para reducir el absentismo de estos profesionales.

» Menos papelería, menos gasto en medicamentos. El plan incluía un recorte del 10% en el gasto corriente de la Administración (material de oficina, gastos de funcionamiento de las consejerías) y también en el gasto farmacéutico, instando a los médicos a que receten medicamentos genéricos (más baratos). Los edificios se cierran a las cinco de la tarde, para ahorrar en luz, y la facturación es electrónica. En total se ahorrarían unos 175 millones al año.

» Paralización de inversiones. La Junta presidida por Barreda ha paralizado inversiones en obra pública por valor de 200 millones este año. No se harán, por ejemplo, nuevas instalaciones deportivas en 2011.

» Subvención a la televisión autonómica. Las subvenciones públicas se recortan para ahorrar 240 millones. Eso incluye 40 millones de subvenciones a los ayuntamientos (una línea de ayudas que desaparece completamente) y una reducción del 20% en las “transferencias nominativas”; por ejemplo, la subvención a la televisión pública de Castilla-La Mancha, a empresas públicas y a fundaciones.

» Subidas de impuestos. Además de recortar el gasto, el plan de choque recoge medidas para aumentar los ingresos. Se creó un nuevo impuesto que grava las instalaciones eólicas (que recaudaría 17 millones al año) y se aumentó entre un 20% y un 50% el tipo de los impuestos medioambientales ya existentes (los que pagan, por ejemplo, la central nuclear de Trillo o empresas contaminantes): otros 12 millones. Se decidió también crear un impuesto sobre los depósitos bancarios —que pagarían los bancos—, pero eso no llegó a aprobarse en el Parlamento regional, así que está en el aire. “El PP podrá decidir ahora si lo aplica. Recaudaría unos 40 millones al año”, subraya la consejera.

» Matrículas más caras. A partir de septiembre de este año, según el plan, iban a “actualizarse” —es decir, a subirse— las tasas y precios públicos para aumentar ese ingreso en unos 80 millones anuales. Las matrículas de la Universidad y de las escuelas de idiomas, polideportivos, residencias universitarias...

» Venta de suelo. La Junta preveía ingresar 60 millones con venta de locales y suelo público, y de viviendas públicas en alquiler que pasarían a estar en venta.