Las autonomías del PP tiran del gasto
Las comunidades autónomas gobernadas por el partido de Rajoy gastaron en el primer trimestre un 10,1% más, casi el cuádruple que el resto (2,6%)
Hay estadísticas que desmontan los clichés. El Partido Popular (PP) defiende que es austero allí donde gobiernan y critica al PSOE por ser propenso al gasto. Pero la trayectoria de las comunidades autónomas en el primer trimestre del año desmiente ese principio. Los Gobiernos del PP han gastado el 10,1% más que hace un año, un porcentaje que prácticamente duplica la media de Administraciones socialistas y casi cuadruplica el del resto de las comunidades. Con todas las cautelas —el primer trimestre puede ser algo errático—, los datos evidencian que las elecciones han condicionado muchas decisiones de gasto.
El de 2011 es el año del gran ajuste autonómico. Tras un ejercicio en el que el Estado aportó las mayores medidas de austeridad (rebaja de salarios públicos, recorte drástico de la inversión, freno al gasto en medicamentos...), las comunidades deberán concentrar ahora el grueso de los sacrificios. El ritmo de gasto mostrado en el arranque del año permite albergar serias dudas sobre el cumplimiento de las metas finales: un déficit del 1,3% del PIB para las comunidades en todo el año. En solo tres meses, ya han consumido casi la mitad (el 0,46%) de ese margen.
La clasificación por colores políticos camufla muchos matices, pero permite cuestionar el programa de Gobierno autónomo que acaba de elaborar el líder del PP, Mariano Rajoy, basado en la austeridad de las cuentas públicas. Porque tomando como referencia la media (que Murcia reorienta mucho a la baja al aportar el segundo mayor recorte del gasto en ese periodo), las comunidades gobernadas por el PP elevaron un 10,1% el gasto, según los cálculos realizados por este periódico a partir de las cifras publicadas el martes por el Ministerio de Economía.
El resto de comunidades aceleró el gasto una media del 2,6% y si se incluyen solo las socialistas (que serán muchas menos cuando se formen los Gobiernos surgidos de las urnas el pasado 22 de mayo), el gasto creció un 5,9% (ver cuadro). Estos cálculos se refieren al gasto sin operaciones financieras, que es el que da la medida del ajuste. La subida global se produjo en un momento en que los ingresos no permiten sostenerla. Los recursos de las arcas autonómicas retrocedieron un 2,2% en ese periodo.
Aunque el primer trimestre no ofrece datos definitivos sobre el ejercicio, resulta inevitable recurrir a las elecciones para explicar la tendencia actual. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, lo dejó entrever en la presentación que realizó de los datos esta semana.
“Las elecciones han podido introducir una cierta distorsión en este sentido”, corrobora Ángel de la Fuente, investigador del CSIC experto en cuentas regionales. Facturas que se pagan antes de dejar el Gobierno por la incertidumbre de lo que vendrá, inversiones que se ponen en marcha e incluso algunas contrataciones (los últimos datos de la Seguridad Social muestran un inexplicable aumento del empleo público en mayo) inducen a pensar que este primer trimestre hubiera resultado distinto sin la cita electoral.
César Cantalapiedra, analista de cuentas autonómicas de AFI, aporta otro argumento: en el primer trimestre, cuando la disponibilidad de recursos es mayor, muchas comunidades aprovechan para anotarse porciones de déficits que se arrastran durante mucho tiempo, como el sanitario. Cantalapiedra cree que estos efectos se irán corrigiendo y que las comunidades “tendrán que hacer más esfuerzo en la segunda mitad del año”.
El arranque del ejercicio resultó muy diferente en la Administración central, que redujo un 24% sus gastos no financieros. Pese a gestionar parcelas distintas (las comunidades se encargan de la sanidad, la educación y partidas sociales difíciles de recortar), las cifras dan idea de que el Ejecutivo reaccionó antes a la necesidad de reconducir los desequilibrios. A las diferencias de gasto hay que añadir las de recuento: las cifras autonómicas están expresadas en contabilidad presupuestaria, diferente de la de caja que se suele emplear para el Estado. “Las comunidades no están acostumbradas a reducir gastos. Como no han hecho los deberes antes, ahora las cosas son más difíciles. Tendrían que haber empezado hace mucho tiempo”, reflexiona Ángel de la Fuente.
La partida que más claramente refleja la contracción del gasto es precisamente la de personal, fruto del recorte de salarios a los funcionarios y la magra sustitución de empleados públicos que ha impuesto el Gobierno central. Todas las comunidades se anotan caídas en esta partida. La excepción es Andalucía, pero obedece a diferencias de calendario en el pago de cotizaciones sociales, según explicó Salgado.
En cambio, la inversión evoluciona de forma muy dispar. Ocho comunidades han encontrado en esta partida una forma menos traumática de enderezar las cuentas, al igual que está haciendo el Estado. Otros territorios aún registran crecimientos exponenciales.
Por encima de todas las críticas, César Cantalapiedra insta a la responsabilidad en el análisis de las cuentas autonómicas. “El sobrecoste que pagan las comunidades por su deuda se debe en buena medida al cuestionamiento permanente de sus cifras. Hay que ayudar a que los inversores extranjeros se interesen por las comunidades”, recomienda.
Madrid y Cataluña cambian de bandoEl comportamiento de Madrid y Cataluña da idea de que los datos de marzo pueden no ser definitivos. Madrid, paradigma de las comunidades cumplidoras, y Cataluña, una de las que más dificultades muestran para cuadrar sus cuentas, se han intercambiado los papeles.La comunidad presidida por Esperanza Aguirre ha elevado su gasto un espectacular 21%, hasta generar un déficit del 0,6% del PIB en marzo. Y la Generalitat lo ha contenido un 3,6%, con un saldo casi equilibrado. En ambos casos, se trata de cuentas condicionadas por circunstancias especiales. Madrid argumenta que esas distorsiones obedecen a que se han adelantado pagos a empresas y familias para aliviarles la crisis. Es la misma explicación que ha recibido el Ministerio de Economía, que no tiene motivos para dudar porque hasta ahora Madrid ha cumplido, explican fuentes de este departamento. En Cataluña ocurre lo contrario. Pese al buen arranque del año, la Generalitat ha presentado esta semana unas cuentas que desafían los compromisos adquiridos ante el Gobierno central y el resto de comunidades.El presupuesto autonómico para 2011 prevé, de entrada, un déficit del 2,6% del PIB, el doble de lo acordado. Coincidencia o no, el proyecto se anunció el mismo día en que la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, informaba del comportamiento autonómico hasta marzo. Con todos los cambios que se produzcan hasta final de año, lo más probable es que el saldo autonómico supere lo establecido, como ocurrió en 2010, a costa del margen del Estado, que previsiblemente no agotará lo previsto. Nada grave siempre que la suma no supere el santificado 6%.
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